Yerba Buena promete ser un oasis para la información pública. O al menos, la relacionada con los bienes de sus funcionarios. Mientras en el ámbito provincial los datos patrimoniales de quienes conducen el Estado está herméticamente guardada y su difusión, penada, la gestión de Cambiemos en la “Ciudad Jardín” decidió poner en marcha la publicación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los miembros del Ejecutivo municipal.
La iniciativa se suma a los informes que ya figuran en la página oficial (yerbabuena.gob.ar) sobre la ejecución de los gastos en licitaciones y contrataciones y de los llamados a los procesos licitatorios, en el contexto del funcionamiento de la Dirección de Gobierno Abierto. El concepto es promovido por el Gobierno nacional, al que responde el intendente radical Mariano Campero.
Un “combo” de medidas
Los detalles de los bienes de los funcionarios yerbabuenenses estarán próximamente disponibles por internet, indicó Campero. “Uno de los ejes de nuestra campaña en el 2015 fue concebir un gobierno abierto, transparente y de cara a los vecinos. Estamos incorporando a ese proceso la publicación de mi declaración jurada patrimonial y la de mis funcionarios”, detalló el intendente.
Afirmó que no se trata de una medida aislada, sino que vienen tomando otras con el mismo objetivo. “Dimos prioridad a la contratación por medio de las licitaciones. Llevamos más de cincuenta procesos de licitaciones públicas en los últimos 19 meses, dando transparencia a la ejecución de los recursos del municipio. En paralelo, nos sometimos al control de ejecución presupuestaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre los fondos de tres programas del Gobierno nacional, y el resultado fue satisfactorio”, especificó. Añadió que responden a las solicitudes de datos de vecinos y que elevaron más de 80 pedidos de informes al Concejo Deliberante. “Nuestro horizonte es avanzar con mayor transparencia hacia la ciudad de vanguardia que queremos ser”, aseveró Campero.
El director de Gobierno Abierto municipal, Miguel Hero, lamentó que los tucumanos tengan vetado el acceso a los datos patrimoniales de sus representantes. “Actos de corrupción pública, delitos de enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública carecen de una prueba elemental como la información patrimonial que declaran los funcionarios públicos al ingresar, permanecer y antes de retirarse de su cargo”, enumeró el funcionario municipal. Aseveró que, al margen de la legislación provincial vigente, se deberían activar mecanismos de transparencia en general. “Precisamos de un organismo independiente que sancione la no presentación de la declaración jurada, y que active las causas por enriquecimiento cuando los funcionarios no puedan justificar debidamente o por ‘testaferros’”, indicó. Hero subrayó que entregaron a los funcionarios un formulario y un instructivo sobre la normativa actual. “Nuestro objetivo es aproximarnos a las disposiciones establecidas en la Ley nacional de Ética Pública”, dijo.
En la provincia, las DDJJ son secretas y su divulgación puede ser castigada, se acuerdo con la ley 3.981. Desde que esa norma fue sancionada, el 27 de julio de 1973, el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso aprobó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999), cuya aplicación está en manos de la Oficina Anticorrupción. Está previsto que el PEN comience a aplicar este año la ley nacional de Acceso a la Información Pública.
Más de una docena de proyectos para habilitar la difusión de las DDJJ quedaron truncos en la Legislatura en los últimos años. En abril de 2016, el secretario de la Gobernación, Pablo Yedlin, había dicho: “Tucumán quiere sumarse ahora a esta nuevo linea de trabajo que implementó el gobierno de Mauricio Macri, generar la normativa (para garantizar el acceso a datos del Estado) y, en definitiva, que sea en beneficio de todos”.