CARACAS, Venezuela.- La Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro se instalará hoy con 545 miembros y plenos poderes, en medio del escándalo por denuncias de fraude en las elecciones que asignaron los escaños del órgano dominado por el oficialismo venezolano.
La Constituyente se iba a instalar ayer, pero el acto se postergó para hoy, debido a que aún falta la asignación de 35 escaños, según dijo Maduro la noche del miércoles.
El palacio federal Legislativo, donde sesiona la Asamblea Nacional (Congreso) con su mayoría opositora, fue ocupada hoy por fuerzas militares, en preparación a la instalación de la Constituyente.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, dijo que la Guardia Nacional (policía militarizada) y el Gobierno “pierden el tiempo tomando el salón elíptico del palacio federal Legislativo para el fraude constituyente”.
Borges señaló que la Constituyente se instalará pero no podrá borrar la denuncia hecha por la empresa de servicios informáticos SmartMatic, que es proveedora del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirma el “fraude y son un terremoto mundial”.
Así como se suspendió la instalación de la Constituyente, la oposición también pospuso para mañana una nueva marcha en rechazo al mecanismo y para “defender la Constitución del fraude”.
La convocatoria es hacia el palacio Federal, en el centro de Caracas, que ha sido la meta de otras movilizaciones que han sido contenidas y dispersadas por las fuerzas del orden desde abril pasado, cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno.
Dejaron el país
Luego de que el domingo por la noche el presidente bolivariano celebrara la victoria y asegurara que más de ocho millones de venezolanos le habían brindado su apoyo, el directivo de SmartMatic estimó que la diferencia entre la participación real y “la que anunciaron las autoridades” es de “al menos un millón de votos”.
“Lo que puedo asegurar es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan”, dijo Antonio Mugica, CEO de la empresa.
Antes de estas declaraciones, que elevaron la tensión entre oposición y oficialismo y que hasta podría haber sido las responsables de que Maduro decidiera retrasar el nombramiento de los asambleístas, 20 gerentes técnicos de SmartMatic abandonaron el país por miedo a lo que pudiera pasar cuando la noticia acaparara la atención.
La decisión fue confirmada por Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de acuerdo con lo publicado por el diario El Nacional.
Maduro desestimó las denuncias contra los resultados de las elecciones, calificándolas como parte de un esfuerzo por manchar una votación limpia y transparente.
Las autoridades
La Constituyente es la gran apuesta política de Maduro que está llena de riesgos. El presidente ha dejado claro que su propósito será ir contra la Asamblea Nacional y advirtió que despojará de la inmunidad a los diputados.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que la Constituyente debió ser aprobada por un referéndum y que las bases comiciales impuestas por Maduro violaban el principio del voto proporcional para favorecer al oficialismo. Por eso, decidió no participar en los comicios y desconocer los actos que emita.
La empresa Smartmatic, que ha provisto las máquinas y el soporte tecnológico para las elecciones por más de una década, denunció que los comicios fueron manipulados mediante la exageración de la participación “en al menos un millón de votos”.
Una de las mayores interrogantes gira en torno al futuro del Legislativo, ya que la Constituyente podría usar sus poderes para tomar competencias de la Asamblea Nacional y hasta disolverla.
Tampoco se sabe cuánto tiempo sesionará la Constituyente y si durante ese lapso suspenderá las elecciones de gobernadores en diciembre y presidenciales a fines de 2018.
La Constituyente tiene que elegir a un presidente y hasta ahora suenan para el cargo la esposa de Maduro, Cilia Flores, y el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez.
El presidente propuso aumentar las penas de cárcel para acusados de asesinatos y otros cargos, apuntando a los diputados opositores que han encabezado las protestas de los últimos meses, que han dejado 121 muertos.
El oficialismo prometió “voltear como una media” a la Fiscalía General, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, se convirtió en un férrea crítica de Maduro y la Constituyente, pese a provenir de las filas del chavismo.
El proyecto ha sido objeto de críticas de varios países. Estados Unidos aprobó una serie de sanciones contra el gobernante. Maduro cuenta con el apoyo incondicional de Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias islas del Caribe angloparlante, mientras Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Chile, la Unión Europea y el Mercosur se han convertido en críticos y anunciaron que desconocerán la Constituyente.
La reforma de la Constitución busca incrementar los años de castigo para varios delitos, desde el asesinato hasta la violencia política, y patentará los logros sociales del Gobierno como el acceso a la vivienda, la salud o la educación. (DPA-Reuters-Télam)