Es un círculo vicioso que termina incidiendo de la peor manera en la seguridad de la provincia. La sección Secuestros Judiciales, que depende del Poder Judicial, pero cuya custodia está a cargo de la Policía, se ha transformado en una de las principales fuentes de armas para los delincuentes. Según la investigación que lleva adelante la Justicia, en los últimos 40 años se habrían “perdido” más de 15.000 armas que, inevitablemente, terminan en manos de los asaltantes.

Ese círculo infame comienza con la detención de delincuentes y el secuestro de armas, casi siempre pistolas o revólveres, que, según estipula la ley, son puestas a disposición de la Justicia, al igual que los acusados. Esas armas, mientras están sujetas al proceso penal, son llevadas a Secuestros Judiciales, una dependencia ubicada en calle Jujuy al 1.300, donde funciona la “Volanta”. De allí desaparecieron las armas, según los inventarios que, cada tanto, se ordenan desde el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia. Esas armas vuelven a manos de los ladrones. El círculo se completa cuando la Policía detiene otra vez al delincuente armado, y esa pistola o revólver regresa a la dependencia judicial, desde donde puede ser robada nuevamente. Y así el círculo nunca se detiene.

“Estamos trabajando para que esto no suceda más. Es un tema que nos preocupa mucho ya que tiene incidencia en la inseguridad. No podemos permitir que los delincuentes tengan acceso a esas armas y además se debe determinar fehacientemente cómo salieron de la oficina en la que estaban y quiénes fueron los responsables”, indicó a Panorama Tucumano el ministro fiscal Edmundo Jiménez.

Las cifras oficiales

Según los fiscales consultados por LA GACETA, en Tucumán se secuestran, por año, unas 500 armas de todo tipo. Ese material debería estar preservado en Secuestros Judiciales. Pero la provincia no está adherida a la ley nacional 25.938 que ordena, entre otros ítems, que las armas, una vez culminado el proceso judicial que pesa sobre ellas, deben ser destruidas. La última vez que se destruyeron armas en Tucumán fue en 1980. La cuenta, en consecuencia, tiene como resultado que debería haber secuestradas 18.500 armas. Pero la cifra es otra y absolutamente sorprendente: allí hay sólo 3.300 armas, entre las que, además, hay unas 550 “tumberas”, es decir de fabricación casera aunque sí están contempladas por la ley como armas de guerra. El problema se agrava ya que muchas de esas armas habían sido secuestradas de manos de policías procesados por diferentes delitos, por lo que al desaparecer se pierde una prueba fundamental en el proceso.

La denuncia que, por ejemplo, radicó la misma policía ya en 2008 con respecto al robo de las armas involucraba directamente a policías que trabajaban en esa dependencia. Es que lo que se determinó es que muchas de las armas que habían estado en esa dependencia habían sido entregadas en el entonces Renar en el marco del plan de Desarme impulsado por la Nación. O sea que no sólo las robaban, sino que además las vendían al mismo Estado.

Falta de adhesión a la ley

El tucumano Rodolfo Ocaranza es uno de los directores de la Anmac (Agencia nacional de materiales controlados, ex Renar). El funcionario advirtió que los depósitos judiciales de todo el país son uno de los principales centros de distribución ilegal de armas ya que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias. “Nosotros contamos con un Banco Nacional de Materiales Controlados, ubicado en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se derivan todas las armas sujetas a proceso judicial y que cuenta con muchísimas medidas de seguridad”, explicó. Y recomendó que Tucumán debería adherirse a la ley.

El robo de armas en la sede de Depósitos Judiciales fue investigado en un primer momento por la ahora ex fiscala Teresita Marnero, y luego por la fiscala Adriana Giannoni. Varios policías fueron pasados a disponibilidad por el caso, pero no se llegó a condenas.

En la provincia hay proyectos presentados al respecto para resguardar las armas, uno de ellos elevado por el delegado de la Anmac en Tucumán, Luis Sal Area, que derivó incluso en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2016. Lo extraño de esa acordada, es que resuelve adherirse a la ley nacional 25.938, algo para lo que sólo está facultado el Poder Ejecutivo.

En la Legislatura, con las firmas de Ramón Santiago Cano y de Marcelo Caponio, actualmente hay dos proyectos. Uno para la creación de un Depósito Judicial de Armas de fuego y otro para la adhesión a la ley nacional. Ambos se encuentran en estudio en la comisión de Seguridad que preside el oficialista Javier Pucharras.

Mientras tanto, y tal como reconoció a Panorama Tucumano un delincuente que fue entrevistado en mayo, hay quienes alquilan las armas para salir a robar. Y muchas de esas armas fueron provistas por quienes deberían estar ocupados en proteger a la población.