El oficialismo dio el puntapié para la participación ciudadana en la administración de justicia. Dos referentes del bloque Tucumán Crece-PJ formalizaron un proyecto de resolución para que se conforme una comisión especial cuya misión será estudiar la aplicación de los juicios por jurado en el Poder Judicial de Tucumán. La iniciativa, cuyo tratamiento contaría con el visto bueno de las autoridades del cuerpo colegiado, prevé la participación de representantes de los tres poderes del Estado y organizaciones intermedias en el grupo de trabajo, que tendrá un plazo de dos meses para expedirse sobre la conveniencia o no de la aplicación de este tipo de procesos judiciales.
El texto fue elevado el jueves pasado a mesa de entradas, y lleva las firmas del vicepresidente 1° de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer, y Fernando Juri, uno de los representantes del oficialismo en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En los fundamentos, los peronistas remarcaron que el juicio por jurados está contemplado en la Constitución Argentina y que su reglamentación está delegada en el Congreso de la Nación.
Consignaron que, sin embargo, existen “numerosos fallos judiciales donde se deja en claro” que las administraciones provinciales pueden proceder a aplicar este instituto en su sistema judicial. Y señalaron que este régimen podría ser utilizado en el marco de la reforma al Código Procesal Penal de Tucumán, efectuada el año pasado y en vías de instrumentación (ya se dividió el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa, por ejemplo)
Ferré, un caso reciente
Los juicios por jurados ya están siendo aplicados en otras jurisdicciones -ver recuadro-. Un caso reciente fue el del femicida Fernando Farré, quien fue condenado a 12 años de cárcel luego de que un tribunal integrado por 12 ciudadanos bonaerenses deliberara y lo encontrara culpable del crimen de su esposa, Claudia Shaefer, perpetrado en 2015 en un country de la localidad de Pilar (Buenos Aires).
“La idea detrás de los jurados es que una persona sea juzgada por sus pares”, detallaron Gassenbauer y Juri. Y advirtieron que estos tribunales, de ser aprobados, estarán constituidos por hombres y mujeres “con distintas trayectorias y sensibilidades, que serán capaces de arribar, partiendo de sus diferencias esenciales, a un consenso respecto de la cuestión que les ha sido planteada”. De este modo, añadieron, el proceso contará con la actuación “de más sectores de la sociedad, con información, experiencias y perspectivas diferentes, (algo que) inviste de mayor imparcialidad al sistema de enjuiciamiento”.
Los oficialistas destacaron además que el juicio por jurados “nos acerca al ideal de independencia del juzgador en la toma de decisiones debido al carácter accidental que tienen los jurados, pues su convocatoria es exclusiva para ese juicio y se disuelve con el dictado del veredicto”. Y aludieron además a la preponderancia que se le dará a la oralidad por sobre la escritura en el nuevo sistema procesal penal de Tucumán. “Esta iniciativa se enmarca en una serie de acciones coordinadas que esta Legislatura ha venido realizando a los fines de modificar la estructura del Poder Judicial, buscando evitar la extrema burocratización de sus actividades, facilitando el tratamiento de los expedientes, y por sobre todo, buscando agilizar el dictado de las sentencias de los tribunales provinciales”, añadieron Gassenbauer y Juri.
El proyecto debe ser estudiado por la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside el oficialista Marcelo Caponio.
Córdoba.- Según consta en el proyecto del oficialismo, el instituto es aplicado desde 2005 con una modalidad de jurado “tipo escabinado”. “Está conformado por ocho ciudadanos legos y tres jueces profesionales, designados por sorteo, realizado en audiencia pública, de la lista fuente confeccionada por depuración del Padrón Electoral de ciudadanos”.
Chubut.- Está habilitado desde 2006, y contempla el juicio por jurados “clásico”. “Se busca ponerlo en práctica en los casos que se ventilen delitos graves, en especial cuando la pretensión punitiva contenida en la acusación exceda los catorce años de prisión. El jurado sólo se pronunciará en relación al hecho y su veredicto consistirá en decidir si el acusado es inocente o culpable”, indica el proyecto.
Neuquén.- Aprobado en 2011, prevé el jurado clásico para delitos graves, y está conformado por hombres y mujeres en partes iguales. “La ley establece, entre otras cuestiones, que se tratará que como mínimo, la mitad del jurado pertenezca al mismo entorno social y cultural del imputado y de que también, en lo posible, que en el panel de jurados haya personas mayores, adultas y jóvenes”, añade la iniciativa oficialista.
Chaco.- Vigente desde 2015, la provincia del NEA también adopta “un modelo de enjuiciamiento con jurado de tipo clásico”, describe el proyecto. Está integrado por 12 miembros (hombres y mujeres en partes iguales), y es “obligatorio para delitos graves”. Además, exige “unanimidad para la toma de decisiones”.
Buenos Aires.- Habilitado desde 2013, en el principal distrito del país se contempla “un jurado de tipo clásico compuesto por 12 miembros, los que deberán emitir su veredicto una vez clausurado el debate, para aquellos delitos que contemplen penas de más de 15 años de prisión”, indica el proyecto. La normativa de Provincia de Buenos Aires prevé la conformación de un jurado “sólo por ciudadanos legos”.
Río Negro.- La normativa aprobada en 2015 prevé la implementación del juicio por jurados a partir de 2018. “En otras jurisdicciones provinciales existen proyectos en debate sobre el tema, al igual que en el seno del Congreso de la Nación”, remarca el texto oficial de la ley que establece el sistema en la provincia patagónica.