BUENOS AIRES.- Un plan nacional “antidesastre” para el corto plazo estará listo en octubre. Las autoridades lo pondrán en marcha para atender a las poblaciones más vulnerables del país expuestas a riesgos como inundaciones, incendios, sismos, ceniza volcánica, aludes y derrames de productos peligrosos.

El objetivo es que se concreten obras de infraestructura durante cinco años para la prevención, con financiamiento del Estado y mediante créditos internacionales.

Las inundaciones tendrán un lugar prioritario. Durante este año, el agua afectó a 11 provincias, entre ellas Tucumán. Ante la inminencia de un invierno “cálido y lluvioso”, las primeras acciones estarán dirigidas a proteger los cascos urbanos y las localidades rurales.

Reducción de riesgos

Nueve mesas de trabajo conformadas por científicos, académicos, funcionarios, organismos internacionales y cámaras empresarias determinarán las áreas más vulnerables de Argentina ante los distintos tipos de amenazas y las acciones a desarrollar bajo un orden de prioridades, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

El trabajo se enmarca en el Plan Nacional Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD) impulsado por el Ministerio de Seguridad a través del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), a cargo del secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda.

“Es un ordenamiento para que las acciones del Gobierno tengan un componente indispensable de reducción de riesgo”, apuntó Renda.

“No se trata de arreglar pueblos o localidades para que recuperen su condición previa (al desastre), sino que estén mejor que antes y que los segmentos más vulnerables de la población resulten fortalecidos” ante la inminencia de nuevas amenazas, graficó.

Una de las mesas estará dedicada a las amenazas hidrometeoreológicas, entre las que se cuentan tormentas eléctricas o severas con caída de gran cantidad de agua, inundaciones, vientos intensos, tornados, granizo y nieve.

Para esas problemáticas fueron convocados especialistas en recursos hídricos y en represas; comisiones regionales de ríos; el Instituto Nacional del Agua y funcionarios de ministerios, de organismos reguladores, del Servicio Meteorológico Nacional y de Vialidad Nacional, entre otros organismos. Se establecerán prioridades, lugares de acción y obras a realizar.

La misma metodología se aplicará en el resto de las mesas con especialistas convocados para analizar fenómenos volcánicos, terremotos, incendios forestales y riesgos vinculados con la instalación y transporte de materiales peligrosos.

Organismos

Los trabajos en materia de salud y educación contarán con la participación de representantes de Unicef, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Unesco, de la Cruz Roja Argentina, del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), del PAMI, de la Anses y de la Organización Panamericana de la Salud.

Otro grupo de trabajo estará compuesto por técnicos del Banco Mundial, del Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata, del BID, del Ministerio del Interior y del de Hacienda, entre otros, que buscarán establecer fuentes de financiamiento.

En Tucumán

El anuncio del plan coincide con el que efectuaron el viernes funcionarios nacionales en Tucumán. Las obras previstas, en este caso, son para reparar los pueblos que fueron afectados por el agua en las inundaciones de marzo y abril que se registraron en los departamentos de Simoca, Graneros, Alberdi y La Cocha.

El subsecretario del Interior de la Nación, Juan Carlos Morán, encabezó el viernes una reunión del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) en la provincia. Se acordó con el Gobierno local la concreción de unos 40 trabajos con una inversión de $850 millones. Se realizarán obras hídricas, sanitarias, habitacionales y viales. La ejecución correrá por cuenta de las reparticiones provinciales (DPA, Sepapys, Siprosa e IPV). El control, en tanto, estará a cargo del Plan Belgrano, unidad que encabeza José Cano (Télam-Especial).