BUENOS AIRES.- Guillermo Marijuan pasará a la historia como el fiscal federal porteño que imputó a tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Jusicia de la Nación. Marijuan pidió ayer a Daniel Rafecas, juez de los Tribunales Federales de Comodoro Py, la apertura de una investigación penal contra los ministros que firmaron la sentencia que acordó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton. Según el fiscal, la solución brindada por los jueces podría contrariar “el contrato social de los argentinos”, y la política de Estado sostenida por los tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

El fiscal dictaminó de este modo al día siguiente de que Rafecas le girara la denuncia de Marcelo Parrilli, un abogado ligado al kirchnerismo. Según ese letrado, Rosenkrantz, Rosatti y Highton habrían cometido el delito de prevaricato consistente en fallar en contra de la ley expresa invocada por las partes o por el propio juez, o citar, para fundar la decisión, hechos o resoluciones falsas. Los restantes miembros de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quedaron en disidencia al pronunciarse en contra de otorgar el 2x1 a Muiña. Este beneficio consta en una ley que rigió entre 1994 y 2001, que dispone que, a los efectos de la eventual condena definitiva, cada día vale doble más allá de los dos años de prisión preventiva.

Marijuan pidió a Rafecas que incorpore a la causa copia fiel del fallo de la Corte de la Nación, y de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 y de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que guardan relación con los hechos denunciados.

“Con el respeto que la investidura de los señores magistrados merecen y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se notifique a Highton, Rosatti y Rozenkrantz de la existencia del legajo en su contra”, dijo Marijuan. Y añadió que con esta medida quería evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías previstos para cualquier persona imputada en un proceso penal. (Especial)

INMUNIDAD LIMITADA 
LA LEY PERMITE LA INVESTIGACIÓN DE FUNCIONARIOS NACIONALES SIN NECESIDAD DE DESAFUERO
¿Puede un fiscal federal de primera instancia investigar la conducta de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pretende Guillermo Marijuan respecto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton? La respuesta es sí, gracias a la reforma legal de 2000 que recortó drásticamente las prerrogativas judiciales de los funcionarios públicos nacionales. Esta norma (N° 25.320) establece que no hace falta solicitar el desafuero o juicio político respecto de los denunciados mientras se desarrolla la pesquisa y hasta su conclusión. “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero, en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla, el tribunal competente deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político (...) Lo mismo sucederá si considera que las pruebas justifican la medida”, dispone la normativa.

La inmunidad de los funcionarios públicos nacionales fue limitada a propósito del escándalo de los sobornos del Senado. En esa situación, la ya por esa época diputada Elisa Carrió (hoy socia de Cambiemos) propuso aquella solución para evitar que la Justicia quedara a expensas de la voluntad de desaforar a los 11 senadores implicados en el caso (entre ellos, el justicialista ex gobernador de Tucumán, Ramón “Palito” Ortega). “Tengo la convicción de que esta norma significará un enorme avance para la búsqueda de la justicia y de la verdad porque beneficiará a los honestos, que podrán ir a los Tribunales a probar su inocencia y permitirá que aquellos que sean delincuentes vayan presos”, había dicho Carrió.