Propuestas para la confección de programas hídricos, para la entrega de viviendas sociales y para la cobertura de servicios básicos. Hasta estudios para constatar si se puede “mudar” La Madrid a un lugar cercano, pero lo suficientemente alto como para que no lleguen las crecidas. Estas y otras ideas surgieron de los legisladores, como consecuencia de las recientes inundaciones que generaron destrozos en el sur tucumano.
Si bien el Poder Legislativo había dictado el año pasado resoluciones que alertaban sobre puntos críticos en 14 ríos de la provincia y habían citado -sin éxito- a funcionarios del Poder Ejecutivo (PE), a partir de las nuevas crecidas y de las pérdidas totales que sufrieron vecinos de distintas localidades, la falta de obras públicas y las posibles ayudas estatales para los damnificados ocupan la agenda de los representantes del pueblo.
El peronista Juan Enrique Orellana instó al PE, a través de un proyecto de resolución, a que efectúe tareas de “dragado permanente de embalses, ríos y arroyos” de todo el suelo tucumano para prevenir nuevas catástrofes. En un informe preliminar sobre el costo de esas inversiones, indicó que serían necesarios unos 24 millones de dólares para reparar el río Marapa y unos 80 millones de dólares para obras en el dique Escaba. “Los informes (de LA GACETA) revelan la verdadera situación por la que atravesaron nuestros comprovincianos”, indicó Orellana en otro proyecto, que apunta a la construcción de viviendas sociales “con carácter de urgente” en La Madrid.
Luis Morghenstein, también oficialista, consideró que antes de la edificación de las casas se debe estudiar qué puntos de esa localidad estarán a salvo de las crecidas. “Es necesario realizar un relevamiento desde Dirección General de Catastro de la Provincia sobre terrenos no inundables en las zonas afectadas por las inundaciones, con el objeto de reubicar a las familias damnificadas”, indicó el talitense.
Juan Canelada y Adela Estofán, ambos de la UCR, requirieron por su parte que el Ejecutivo revise cuántas de las casas quedaron destrozadas en Simoca, Alberdi, Graneros y La Cocha, donde rige el estado de emergencia hídrica, social y agropecuaria. Por su parte, el también radical Luis González solicitó al PE que destine un cupo de los programas del Instituto de la Vivienda a Simoca, donde también hubo graves daños. “Se requiere una rápida intervención y realizar un relevamiento casa por casa para determinar las pérdidas”, señaló el ex intendente de esa localidad. En otro proyecto, el radical propuso que se incluya a Leales entre los sitios donde rige la emergencia hídrica y agropecuaria.
Planes
Para los legisladores también es clave que se confeccione un programa que contemple todas las obras hídricas necesarias para evitar nuevas inundaciones.
“Debe realizarse un Plan Maestro de manejo de cuencas, efluentes y desagües pluviales provenientes de zonas de pedemontes, canales de riego y/o de cultivos agrícola que se localicen en todo el ámbito provincial”, propuso Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) junto a seis de sus pares. Y señaló que ese plan “deberá ser tenido en cuenta por los distintos municipios a fin de compatibilizar un accionar conjunto para solucionar este problema”.
“La deforestación en el piedemonte tucumano y el avance de la urbanización, que se asienta sin planificación tanto para la construcción de caminos como para crear nuevos asentamientos habitacionales, son sin duda algunas de las causas de las inundaciones”, planteó el radical Fernando Valdez, quien propuso -junto a cuatro de sus colegas- la creación de una comisión especial para elaborar un Plan Hídrico-Estratégico. Aseveró que para confeccionar ese plan será necesario “convocar a expertos”. “Algunos ya vienen trabajando en esta problemática, como nuestra centenaria UNT”, afirmó. Y mencionó también la chance de invitar a la Universidad Nacional del Litoral. “(Tiene) vasta experiencia en colaborar con el estado provincial santafecino en la elaboración de soluciones”, agregó Valdez. Advirtió luego que es fundamental “realizar un diagnóstico integral de la situación” para que la Legislatura para solicitar fondos nacionales e incluso internacionales.
Consideran que se deben incrementar los recursos para afrontar la catástrofe
Ante la crítica situación que atraviesan diversas localidades del sur, legisladores propusieron que se dupliquen algunos beneficios o ayudas del Estado. “Numerosos informes, relevamientos oficiales y notas de prensa, detallan la cantidad de afectados en al menos 6.000 personas”, indicaron José Canelada y Adela Estofán (UCR), al instar al PE a llevar a $ 150 millones el monto destinado a afrontar el estado de emergencia y a duplicar -en $ 50.000- los montos de los créditos para damnificados. Los oficialistas Guillermo Gassenbauer y Julio Silman, en tanto, solicitan a la Anses “que se dupliquen en forma temporal, hasta la finalización de 2017, los montos de jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, plan progresar y salarios familiares” para las familias afectadas.