Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo había tomado como ejemplo de los malos policías que la fuerza debe separar cuanto antes. Días después, el juez Francisco Pisa rechazó un pedido para que se le dictara la prisión preventiva y ordenó que lo liberaran a él y otros oficiales que prestan servicio en la comisaría de Banda del Río Salí.

El titular del máximo tribunal, en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad, había planteado la necesidad de crear la oficina de Asuntos Internos de la Policía. “Observamos realmente con mucha sorpresa que personal que aún habiendo cometido muchos delitos, estando con muchísimas causas penales en el Poder Judicial, siguen prestando servicio. Y voy a dar nombre y apellido: el señor César Juárez, que realmente es un caso emblemático”, fueron las palabras de Gandur que utilizó para argumentar su pedido y que quedaron registradas por los taquígrafos de la Legislatura.

Por esos días, la fiscala Adriana Giannoni investigaba la denuncia que había realizado una vecina de Banda del Río Salí. Según la presentación que realizó, ella y sus dos hijos sufrían una persecución de los policías y los vigías de esa ciudad.

La víctima contó que los uniformados le inventaron una causa y la detuvieron al igual que sus dos hijos, uno de ellos menor de edad. Para que los liberaran, según consta en el expediente, debieron pagar $ 15.000. Pero antes de que recuperaran la libertad, no sólo los golpearon, sino que al más chico de todos, habría sido víctima de un abuso.

Por este caso, fueron detenidos después de declarar, el subcomisario Ángel Medina, el oficial Juárez y el cabo Eduardo González Brondo, acusados haber privado de la libertad, de apremios ilegales y de haberle pedido una coima, entre otros delitos, a la mujer y a sus dos hijos. El cuarto sospechoso, que forma parte de la custodia del senador José Alperovich, no fue arrestado por decisión de un juez de instrucción.

Planteo

Giannoni, con los elementos que había reunido, solicitó que se le dictara la prisión preventiva, pero el magistrado rechazó el planteo y los tres uniformados recuperaron la libertad, pero siguen procesados. LA GACETA no pudo confirmar si siguen en actividad y, si lo estuvieran haciendo, si le cambiaron el destino.

La fiscala, a la que le pidieron un juicio político por este caso en una medida que no prosperó, acumuló otras dos denuncias en contra de estos uniformados. Incluso, la víctima que sacó a la luz el caso, dijo que sigue siendo intimidada por los acusados. Se investiga la agresión que sufrió en la calle uno de sus hijos está vinculada al caso, ya que se produjo horas después de que los imputados recuperaran la libertad.