CARACAS.- El Parlamento venezolano, con mayoría opositora, activó ayer el procedimiento para la remoción de siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por tener “responsabilidad en la ruptura del orden constitucional” del país, al haber asumido las competencias del Legislativo en sus sentencias. Tras el debate, en el que participó la bancada del chavismo, los opositores aprobaron el acuerdo pese a la negativa de la minoría oficialista parlamentaria

El opositor Juan Miguel Matheus, que presentó la propuesta, aclaró que con el debate no se producía la remoción de los jueces sino que se iniciaba este proceso, para el que, según la Constitución, se requiere el aval del Poder Ciudadano -que debe calificar de “falta grave” la acción de los magistrados- y que ha negado, hasta el momento, la ruptura del orden constitucional por parte del Tribunal Supremo.

El Poder Ciudadano -uno de los cinco poderes del país- es ejercido por el Consejo Moral Republicano (CMR) integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela y el Contralor General de la República.

En el debate, los diputados aprobaron emplazar al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General a tramitar la solicitud que los diputados presentaron ante ambos organismos el pasado 31 de marzo, y un documento complementario que presentarán en los próximos días, sobre la calificación de faltas graves de los magistrados. Además, acordaron “dejar a salvo la posibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de la designación de los magistrados del TSJ, que hayan sido elegidos por la Asamblea Nacional sin cumplir los requisitos constitucionales y legales”.

Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca remover la Asamblea son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez, por ser “autores materiales del golpe de Estado”, dijo Matheus.

El parlamentario indicó que la remoción de los magistrados también la pueden hacer los ciudadanos si así lo solicitan ante el Poder Ciudadano. Recalcó que, según la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, los magistrados pueden ser removidos cuando incurren en violación del Código de Ética, menoscaban los derechos constitucionales, lesionan los intereses de la nación o tienen activismo o parcialidad política.

Los diputados del chavismo, que ingresaron a la sesión una vez que ya había comenzado, rechazaron el debate y el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que sus compañeros opositores estaban “violando la Constitución” e intentando dar un “golpe parlamentario”.

Tras su intervención, un grupo de opositores que acompañaban a los diputados antichavistas les gritaron a los oficialistas: “ustedes son golpistas, la fiscal lo dijo”, en alusión a la posición de la Fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien el viernes afirmó que hubo una ruptura del orden constitucional cuando el Tribunal Supremo decidió asumir las competencias del Parlamento. Ante esto, Rodríguez respondió que con ese grito se demostraba que en el país hay democracia.

Puja internacional

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que llevará la resolución aprobada el lunes sobre su país en la Organización de Estados Americanos (OEA) a “otras instancias internacionales” y pedirá un Consejo Permanente para evaluar la gestión del secretario general, Luis Almagro. Venezuela recurrirá la resolución del organismo americano, que declaró que en el país caribeño “hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático”. (Télam)