Lejos de los titubeos del ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, el analista Nathan Kogan -también de ese organismo- se mostró cauto pero seguro a la hora de responder sobre la investigación que llevó adelante contra el Clan Ale. Si bien afirmó que no podía determinar si los bienes que manejaban los 16 acusados provienen de un origen ilícito, señaló que ninguno de ellos tenía la potenciabilidad de adquirirlos. Acompañado de sus propios informes -algo que fue criticado por las defensas- realizó acusaciones con números y su relato fue especialmente duro en contra de los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale.
La rueda de preguntas se dividió en dos para abarcar los informes más importantes que Kogan realizó sobre la causa. Esto permitió su relato también fuera la historia de cómo se fue armando la investigación de la UIF.
“Cuando se realizó la denuncia y se reportó un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) se trazó un perfil económico para compararlo con sus patrimonios. Al investigar la empresa de juegos de azar de Ángel Ale, Point Limits, nos llamó la atención que no tuvieran cuentas bancarias. Estos negocios son de alto riesgo porque es difícil determinar los ingresos. Por eso les cabe la figura de sujetos obligados. Pero esta empresa no estaba dada de alta. Cuando se los intimó, se presentó un blanqueo de $ 3 millones”, advirtió el funcionario.
“En estos casos se investiga si las personas tienen la potenciabilidad para llegar a esas sumas. Proyectando las declaraciones juradas anteriores del titular de las máquinas de azar, vimos que tenía ingresos en promedio de $ 37.000 por año. O sea que en 10 años ganó alrededor de $ 370.000 sin contar la inflación, un 12% de los $ 3 millones. Hay índices de evasión, que son los más comunes, y oscilan entre el 10 y el 20%. Pero siendo exagerados, ni siquiera si evadía un 50% se guardaba razonabilidad”, teorizó el especialista.
En este punto, también habló de Cinco Estrellas SRL: “La hipótesis era que los titulares, María Florencia Cuño (también acusada) y el hijo de Rubén Ale, Adolfo, eran los testaferros de ‘La Chancha’. La empresa creció sin que aumentaran sus pasivos y con socios que no tenían grandes montos en sus declaraciones”. También afirmó que “La Chancha” tenía dos autos de alta gama que no podía justificar.
Además, al referirse a la parte inicial de la investigación, dijo que no sabía si había existido evasión u otro delito, pero que sospechaban de forma muy celosa de la causa Marita Verón porque María Jesús Rivero era una de las acusadas, y en el banquillo también estaba Daniela Milhein, ex pareja de “La Chancha”.
Segunda parte
“Con los allanamientos, se fortalecieron las hipótesis. Encontramos documentación de bienes que no estaban registrados y se amplió la lista de investigados y presuntos prestanombres. Las cartas de Rivero permitieron armar un rompecabezas de relaciones”, afirmó Kogan, al tiempo que añadió que en este momento nacieron las acusaciones contra Fabián González y su esposa Julia Esther Picone; Valeria Bestán; Víctor Suárez y Roberto Dilascio. Sobre este último, dijo que estaba sospechado de ser el prestanombre de Rubén Ale. Sobre los otros, que no podían justificar sus bienes.
Por último, contó cómo fue el allanamiento a la casa de “El Mono”. “Me sorprendió la cantidad de armas que ví. Además, empezaron a llegar taxis que se subían a la vereda y daban la vuelta”.
RÉPLICAS
“EL MONO” Y RIVERO PIDIERON RESPONDER
Antes de que declarara Kogan, Ángel “El Mono” Ale pidió volver a declarar y dijo que su negocio de máquinas de azar siempre estuvo en regla, ante las acusaciones de José Sbatella. Por su parte, María Jesús Rivero le contestó a otro funcionario de la UIF, Germán Kielmayer: “me interesó saber por el nexo político de esta causa, por qué allanaban una casa en la que yo había vivido 14 años antes. No había pruebas porque no cometí delitos”, aseveró.
TOF
Celoso operativo de Gendarmería
Pese a que cada vez se congregan menos personas para ver el juicio, Gendarmería mantuvo la formas del operativo e incluso las reforzó. En ese sentido, decidió prohibir que se ingresara a la sala con artículos de librería, lo que perjudica la tarea periodística. Incluso, algunos efectivos llegaron a pedir que no se grabara la audiencia. Fuentes judiciales dijeron que estas normas no habían sido pedidas por los jueces del Tribunal Oral Federal.