BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, afirmó que para la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “hay un proceso de juicio político en el Congreso”. Pero aclaró: “yo creo que el juicio político no es la forma de remoción”, en un reportaje que reprodujo Télam extraído de El Tribuno (Salta).
Garavano explicó que el juicio político para la remoción de Gils Carbó “es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente. En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo”.
Sin embargo, afirmó que está “en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento, como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal. Yo creo que eso no es una debilidad sino una fortaleza del gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la procuradora”.
Según el ministro de Justicia, “apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones”.
Expresó que los términos “apretar jueces” –que se oyen en una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- es “bastante clara y no hay mucho que interpretar” y reafirmó que fue una política del kirchnerismo “que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia”.
Sobreactuado
Cuando lo consultaron sobre la denuncia de “persecución política” que viene realizando la ex presidenta desde que la citaron a indagatoria, Garavano respondió: “Eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política”.
“Incluso –dijo Garavano- todas estas filtraciones de viejas escuchas que llevan a discutir generalidades”.
Garavano reconoció que la Justicia “tiene problemas estructurales y tiene problemas para investigar los hechos de corrupción. El gobierno siempre ha señalado la necesidad de que los casos judiciales se eleven a juicio, me parece que el desafío del sistema judicial es elevar los casos a juicio para que en juicio oral el fiscal demuestre la responsabilidad de los funcionarios o en definitiva queden absueltos en relación a los hechos sobre los cuales se los investigó. Esa es la gran deuda pendiente de la Justicia”, afirmó.
Sobre la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, en Jujuy, que ya lleva más de un año, el ministro de Justicia aclaró que es un caso que corresponde a la justicia provincial. “El gobierno no tiene injerencia ni en la justicia nacional ni en la justicia provincial. De todas formas el caso hoy ya ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ella la que ahora resolverá sobre la detención o no de Milagro Sala o la posible morigeración de la prisión preventiva; son las distintas alternativas que tiene la Corte para abordar”.
“La situación de Milagro Sala no es diferente a la de otros detenidos”, consideró. (Télam)