Tal vez nunca lo sospechó. De haberlo sabido quizás no se lo habría llevado. Han pasado siete meses desde que el intendente de Yerba Buena, el radical Mariano Campero, anda rengo en el Concejo Deliberante de esa ciudad. Porque desde septiembre del año pasado, cuanto tentó y convenció al ex concejal Lisandro Argiró para que abandonara su banca y asumiese como secretario de Gobierno, todavía no ha podido sentar al reemplazante Rodolfo Aranda.

El jueves último tres hombres cercanos al oficialismo golpearon las puertas de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Tucumán para ratificar un recurso de amparo que habían presentado el viernes 10 en contra de la Municipalidad yerbabuenense -institución que tiene la personería jurídica- y en contra del edil Benjamín Zelaya en su carácter de presidente del Concejo Deliberante. En su presentación, los concejales Marcelo Rojas, José Macome y Javier Jantus solicitan que cese la conducta de Zelaya, que consiste -describen- en no reconocer la constitución de la comisión de Peticiones, Poderes y Legales conformada por uno de ellos, e integrada por los otros dos.

Pero, ¿cuál es la relación entre esa comisión y Aranda? Para que el edil asuma se requiere, en principio, un dictamen expedido por ese comité. Se trata -dicho sea, de paso- de una de las delegaciones más importantes del Concejo, pues por ahí pasan la mayoría de los temas que se debaten.

Recibos dudosos

En noviembre del año pasado, mientras todavía era presidente del cuerpo, Jantus constituyó ese grupo de trabajo, y puso allí a Rojas y a Macome. Luego y al tomar el lugar de Jantus, Zelaya dejó sin efecto ese nombramiento y creó una nueva comisión. Además, interpuso una acción en la Justicia en la que adujo que Jantus ya no tenía atribuciones para tomar esa decisión. Pero, en aquel entonces, los camaristas de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa resolvieron no hacer lugar a esa solicitud.

Con ese antecedente, Jantus, Rojas y Macome efectuaron su presentación en la que piden que esa sentencia sea considerada, y que, por consiguiente, quede sin efecto la conformación posterior dispuesta por Zelaya. Entre otras cuestiones, argumentan que el Concejo se encuentra en una situación de peligro institucional debido a la no asunción de Aranda. Mencionan, también, que llevan meses sin sesionar, pues sus pugnas políticas se han traducido en una sucesión de reuniones que han debido ser levantadas por falta de quórum.

La semana pasada, el propio Aranda había presentado un amparo. “Hasta la fecha, no he logrado que me tomen juramento ni que me reciban en la banca que, por ley y por derecho, me corresponde”, había alegado.

Desde la vereda contraria, Zelaya plantea otra realidad. Hace unos días, él y sus colegas radicales Lucas Cerúsico y Maximiliano García, y los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz idearon un proyecto conjunto para que se conforme una comisión que investigue al aspirante a la banca.

Pretenden -en concreto- analizar la conducta de Aranda cuando estaba al frente de las direcciones municipales de Saneamiento Ambiental y Atención al Vecino, pues obtuvieron unos recibos con el sello de esa área por el supuesto cobro de tasas que no estarían reguladas. “Debemos evaluar las posibles negligencias en el ejercicio de sus funciones”, se lee en el texto de ese proyecto. Los comprobantes de pago son por $ 60 y $ 30. Zelaya y el resto sospechan que los recibos fueron entregados a los feriantes de la Plaza Vieja. Uno de esos papeles está fechado en diciembre, es decir, data de una época en la que Aranda ya debía haber renunciado a su cargo.

Esta semana Zelaya llamó a la segunda sesión especial del año. En el texto de la convocatoria incluyó la conformación de la comisión investigadora; una serie de decretos ad referéndum de la Municipalidad y la autorización al Departamento Ejecutivo para acceder a la financiación que instrumenta el Gobierno provincial (adhesión al otrora Pacto Social, que se ratifica todos los meses). Pero ninguna de esas cuestiones pudo debatirse, pues no hubo quórum. Estuvieron ausentes Pedro Albornoz Piossek, Jantus y Macome (de viaje con aviso) y Rojas. “Estaba notificado desde las 11.30”, se queja Aguirre.

Con ese desenlace, los concejales yerbabuenenses podrían ingresar -tal vez- al libro Guinness de los récords. La reunión anterior, dos días atrás, tuvo el mismo final. Y ni hablar del último trimestre del año pasado, cuando vez tras vez debieron ser levantadas porque no tener el número necesario de asistentes.

El Concejo tiene 10 bancas. Tres de esos asientos son ocupados por ediles afines al oficialismo (Jantus, Rojas y Macome). Una silla se encuentra vacante (la que reclama Aranda, también vinculado al oficialismo). Y los otros seis lugares corresponden a dos peronistas, a tres radicales y a un macrista, unidos hoy contra el intendente. Para que haya quórum se necesitan seis concejalías. Y es que, amén de lo expuesto por unos y otros, también -y principalmente- la interna de la Unión Cívica Radical se ha colado en el conflicto. Pues los principales protagonistas visibles de la contienda (Zelaya, Campero y Aranda) provienen de las filas de ese partido.