La percepción de que la Argentina es un país más seguro para la inversión extranjera ha mejorado a la vuelta del último año. La buena noticia es consignada por un estudio que encargaron la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas cotizadas y la Federación Mundial de Inversores (WFI, por sus siglas en inglés). Según este informe, que se desarrolla en la edición de hoy en la sección de Economía y Finanzas, los capitales foráneos están mirando con buenos ojos a la Argentina por “la mejora experimentada en el país tras el reciente cambio de orientación política y las reformas implementadas”. Es decir, la política es uno de los dos actores fundamentales para garantizar ese valor inestimable que es la seguridad jurídica. El otro actor, por supuesto, es la Justicia. Porque si la seguridad jurídica pudiera sintetizarse en una palabra, sería “previsibilidad”.

La previsibilidad como sinónimo de la seguridad jurídica consiste en que, frente a situaciones similares, las respuestas de los poderes del Estado sean similares. Lo que se conoce como Doctrina de los Actos Propios. Esto quiere decir, en cuanto al poder político, que las reglas de juego serán respetadas: las leyes están para ser aplicadas antes que para ser reformadas. En cuanto al Poder Judicial, que la jurisprudencia será siempre de larga duración y que irá variando de modo muy gradual, según se incorporen nuevos magistrados que, conforme sus valores personales y generacionales, vayan introduciendo cambios en los pronunciamientos de los tribunales.

Un inversor buscará previsibilidad para destinar recursos en un distrito; y también lo hará el ciudadano para apostar al desarrollo de su proyecto de vida y el de su familia.

El funcionamiento de la república es lo hace posible esa previsibilidad. Es decir, hay seguridad jurídica donde los poderes tienen claramente delimitados sus ámbitos de acción y, como consecuencia de ello, donde cada uno ejerce el contrapeso de los otros. Hay seguridad jurídica cuando el poder que el pueblo confiere a sus representantes se canaliza a través de las instituciones, porque entonces no hay desbordes, y no por encima de alguna de ellas, porque entonces el equilibrio se ha desmadrado.

En Tucumán, la buena noticia sobre la mejor percepción de la seguridad jurídica en nuestro país debería ser una invitación urgente a los poderes de la república. Una llamado a la reflexión para que se encuentre una salida al enfrentamiento entre el poder político y el Poder Judicial, con el fin de construir calidad institucional.

LA GACETA ha venido dando cuenta de las posturas enfrentadas en esta escalada de tensiones. En los tribunales se alega que la investigación sobre el destino de los gastos sociales durante 2015 (cuando este diario retrató el retiro en vehículos de la Legislatura de valijas con dinero del banco oficial, por un total de $ 200 millones durante los tres meses anteriores a las elecciones provinciales) ha tenido como respuesta la decisión del poder político de poner en crisis a la Justicia. En el poder político se sostiene que las reformas judiciales que se impulsan (régimen de subrogancias, agravamiento del mecanismo de destitución de magistrados, autonomía del Ministerio Público Fiscal) afecta intereses creados en los Tribunales, que buscan frenar estos cambios por vía de la victimización, a pesar de que esas modificaciones redundarán en un servicio más eficiente de administración de justicia.

En medio, da la sensación de que opera un doble desconcierto para el ciudadano. En primer lugar porque si es cierto que todos los poderes están actuando para beneficio de la comunidad, no deberían oponerse las resistencias que se levantan de uno y otro lado. Tal y como reza el principio lógico de no contradicción, dos proposiciones opuestas pueden ser una verdadera y la otra falsa, o puede que ambas sean falsas. Lo que nunca será posible es que las dos sean verdad.

En segundo lugar, el ciudadano advierte, desorientado, que los esfuerzos y las energías de quienes integran los poderes de la república están puestos en discusiones que distan sideralmente de los problemas que enfrenta día a día. La inseguridad, el narcotráfico, la pobreza, la inflación y el desempleo (es decir, la “conurbanización” de Tucumán) parecen ser dramas sociales que, cuanto menos públicamente, no ocupan los espacios centrales en la agenda de los gobernantes.

En una provincia donde los contactos “informales” entre miembros de los distintos poderes se han tornado tan “comunes” que para muchos son “naturales”, es difícil comprender por qué no se propicia un diálogo institucional para que unos y otros expongan públicamente lo que tengan que decir (sin apelar a presentaciones judiciales ni a proyectos de ley por medio de terceras personas) y para que se ponga fin a la crisis.

Sólo con diálogo se obtienen certezas. Sólo con certezas oficiales se logra previsibilidad. Sólo con previsibilidad garantizada se forja la seguridad jurídica. Sólo con seguridad jurídica duradera prosperan la calidad institucional, los Estados, sus territorios y sus poblaciones. Porque las autoridades pasan, pero las instituciones quedan. Y los pueblos, también.