“Uno se acostumbra a vivir con lo mínimo, con lo justo. Ya son muchos años así. No es nuevo para mi, ni para mi familia. Y sí, estamos en la pobreza”, expresó Ramón Rosas, de 41 años, antes de salir en su bicicleta, para hacer una changa en un barrio de Alderetes, la ciudad ubicada al este de la capital tucumana, donde vive junto a su esposa y a sus dos hijos, de 9 y de 13 años. “Hago albañilería. Pero me ofrezco para cortar el pasto o para levantar escombros. Lo que salga”, describió el hombre, al ser consultado sobre su ocupación actual. Rosas es uno de las 313.700 personas en situación de pobreza que residen en el Gran San Miguel de Tucumán, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Esa población no logra reunir los casi $ 11.000 mensuales para escalar en la pirámide social.
La situación socioeconómica en la Argentina se profundizó en el último año. De acuerdo con el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el país hay cerca de 13 millones de pobres y, de ese total, 2,7 millones son indigentes. En los primeros nueve meses del año anterior, la pobreza se alimentó con 1,5 millón más de habitantes en esas condiciones, mientras que la indigencia creció en 600.000 casos, según el reporte presentado por la institución académica. El flagelo no sólo ha sumido al penúltimo escalón social a la clase media baja, sino también a los trabajadores no registrados. De hecho, la tasa de pobreza en ese estrato sociolaboral alcanza al 43,2%.
“La verdad, nunca tuve un trabajo en blanco”, se lamentó Rosas. Consultado sobre los esfuerzos que hace cada día, junto a su esposa, quien también está desempleada, para cubrir las necesidades básicas, Rosas detalló que su mujer cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, desde marzo subió a $ 1.243. “Esa plata nos ayuda mucho. Con eso compramos la comida, que nunca dura todo el mes. Cuanto mucho, 10 o 15 días”, reconoció. “Y lo que traigo yo es para que los changos vayan a la escuela y para ayudarla a mi mujer con la comida”, afirmó. “Es una lucha. Nosotros ya estamos acostumbrados. Pero la esperanza de salir de esto es lo último que se pierde”, se ilusionó Rosas.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, explicó que, de acuerdo a la encuesta realizada en 5.700 hogares, la pobreza viene incrementándose desde 2011, pero tuvo un “salto importante en 2016”, a la vez que enfatizó que “el sector más perjudicado fue el indigente”.
Asimismo, Salvia sostuvo que en los últimos meses “se ve una reactivación en el mercado de trabajo, pero hay una caída en los ingresos, que es lo que tiene impacto real en la pobreza” por lo que para revertir esta situación, aseveró, los “salarios deberían estar unos puntos por sobre la inflación o debería haber un shock”. Según las conclusiones del estudio, “durante el último año, las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política antiinflacionaria y la rezagada inversión habrían agravado el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”.
Sara Juárez, de 37 años, que vive en La Florida trabaja como empleada doméstica; tiene a cargo a su hija, de 11 años, y a su madre, de 73 años, quien no puede movilizarse por sus propios medios a causa de una enfermedad. “No sé cómo hago para comer, para mandar a mi hija a la escuela y para comprar los remedios para mi mamá. Cuando la plata se me acaba, pido ayuda a amigos o a familiares”, manifestó Juárez, durante una entrevista con LA GACETA. “Nos ayuda la pensión que cobra mi mamá. Con esa plata compramos parte de la comida y parte de sus remedios. Para el resto de los gastos, usamos mi sueldo. Por limpiar en dos casas, hago casi $ 5.000”, subrayó Sara. “En total, vivimos con unos $ 7.000”, añadió. “Sabemos que la situación es difícil, pero no nos queda otra que seguir. Ojalá que mi hija tenga mejores oportunidades en el futuro”, se esperanzó Juárez.
El reporte de la OSDA muestra claramente que a los pobres le cuesta cada vez más abandonar esa situación. La brecha monetaria promedio de una familia pobre trepó del 32,2% en 2015 al 34,9% el año pasado. En dinero, eso significa que a ese hogar le faltaron $ 4.139 para costearse una canasta básica total, es decir, llegar al límite de la pobreza, según el ingreso.
Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social, afirmó que la Asignación Universal por Hijo contribuye a que menos personas ingresen a la indigencia. “Pero el año pasado, por ejemplo, perdió la carrera frente a la inflación. Si bien la asignación subió 30%, el valor de los alimentos creció 46%”, resaltó. Yedlin enfatizó que lo ideal sería que no haya inflación, porque es el impuesto que recae más sobre los pobres. “Ahora con el reajuste en las tarifas, la plata alcanza menos y una porción importante de la sociedad queda expuesta frente al flagelo socioeconómico”, acotó. El ministro recordó que este verano se mantuvo el programa de seguridad alimentaria en 500 escuelas y que, según cálculos oficiales, ayudó para que 100.000 personas puedan acceder a alimentos. “Aquí se pueden hacer esfuerzos en esa línea, pero más importante es que cambie el rumbo económico”, enfatizó.
Qué es el ODSA
Un programa alternativo al Indec
El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) es un programa que la Universidad Católica Argentina (UCA) puso en marcha en 2002. Tiene por finalidad estudiar, evaluar y monitorear el estado del desarrollo humano y social en el país a partir de parámetros normativos nacionales e internacionales. Sus reportes
posibilitaron que la sociedad tenga una estimación acerca de la pobreza, ya que, desde 2013, la gestión de la presidenta Cristina Kirchner instruyó al Indec para que dejara de medir.
Afectados
Los niños son los más vulnerables
Los niños resultaron más afectados por el aumento de la pobreza y de la indigencia. Casi la mitad de los menores, un 48,8 %, viven en hogares pobres. “Es un problema serio, uno de cada 10 niños está en situación de indigencia”, advirtió el director del OSDA Agustín Salvia, que señaló que esto “obliga a pensar que hay una reproducción de la marginalidad”. El Indec volvió a medir la pobreza en el segundo trimestre de 2016, cuando el indicador se ubicó en 32,2%. El organismo tiene previsto difundir su próximo dato el 28 de este mes y corresponde al segundo semestre de 2016.
La causa
“Escenario crítico”
La UCA definió como “escenario de crisis” la herencia recibida por el gobierno de Mauricio Macri y concluyó que, durante el último año, varias situaciones entre propias y externas lo habrían “agravado”. “Tanto la desigualdad como la pobreza estructural son resultado de un modelo económico-productivo concentrado con efectos de exclusión y desigualdad a nivel socio-laboral”. “De ahí, aunque devengan inversiones, no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos si no hay políticas activas de desarrollo local-regional, hacia el sector informal y las economías sociales”, puntualizó.
Tucumán
Un índice del 35,8%
El último registro de indicadores socioeconómicos en la provincia corresponden al segundo trimestre del año pasado. Para ese período, el Indec reportó un nivel de pobreza del 35,8% para los habitantes del aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Según los registros oficiales, unas 313.700 personas estaban en situación de pobreza. En el aglomerado, además, hay 42.400 indigentes (4,8%). El umbral de ingresos para no caer en la pobreza fue calculado en $ 11.059 para una familia tipo, mientras que la canasta básica alimentaria (indigencia) ascendió a $ 5.599,20 mensuales.
PUNTO DE VISTA
Solamente políticas de compensación social
Ernesto Gómez Rossi - Director del ISEPCI Tucumán
Las políticas de compensación social que aplica el actual Gobierno nacional son, en general, las mismas que se desplegaron durante la gestión anterior. Hay una tendencia al recorte (en el Ministerio de Trabajo, sobre todo), según lo que denuncian las organizaciones sociales. Precisamente estas entidades recuerdan que se votó una Ley de Emergencia Social, en el Congreso, pero que el presidente, Mauricio Macri, aún no la promulgó ni la reglamentó. El otro problema, que también viene de arrastre y que continúa en la gestión actual, es que los ingresos que se perciben por las políticas sociales resultan magros. Todos están por debajo de la Línea de la Indigencia que, para una familia tipo de Tucumán (dos adultos y dos menores) ronda los $ 5.000. Esto impacta de modo negativo en la eficacia de las políticas sociales del Gobierno y termina perjudicando la cultura del trabajo y las condiciones de empleabilidad de los sectores excluidos del mercado laboral.
Según analistas, está situación ya es estructural en la Argentina y, junto con el empleo en negro, se regulan más a la baja los salarios de los trabajadores que, en el caso de Tucumán, están por debajo del promedio nacional. Finalmente, respecto de la situación del empleo en la provincia, que tiene un impacto directo sobre la situación social, en general se mantuvo estable en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo. Esta situación ocurre en un contexto nacional en el cual se perdieron miles de puestos de trabajo en los últimos meses.