La posibilidad de que el Gobierno de Juan Manzur designe a los jueces subrogantes está cerca de hacerse realidad. Un nuevo proyecto de ley de los legisladores oficialistas Silvia Rojkés, Javier Pucharras y Fernando Juri concede tal potestad al Poder Ejecutivo, tanto para los cargos vacantes existentes como para los nuevos. La iniciativa, que ingresó a la mesa de entradas de la Legislatura el jueves, dispone que los nombres de los magistrados provisorios surjan de listas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), órgano que integran Rojkés, Pucharras y Juri. En el presente, las subrogancias son ejercidas por los magistrados en funciones a cambio de una retribución extra y en función de las disposiciones de las máximas autoridades judiciales: la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el titular del Ministerio Público.

El proyecto indica que el mecanismo de nombramiento de subrogantes será aplicado a los cargos inferiores a la Corte: parecería que el sistema no comprende a los fiscales y defensores oficiales. El mes pasado y también a instancias del oficialismo, la Legislatura dividió el Ministerio Público en un órgano para la acusación y otro para la defensa, y emancipó a estos del control que ejercía la Corte sobre el manejo de los recursos humanos y materiales. La nueva ley concede a los titulares de los ministerios públicos (Edmundo Jiménez y el ministro de la Defensa que designe Manzur) facultades para designar fiscales y defensores generales y adjuntos, y defensores auxiliares. Esta reforma fue judicializada mediante dos procesos que tramitan en la Corte.

Cinco votos estratégicos

Aún con la posible detracción de los cargos de fiscales y defensores oficiales, la iniciativa de Rojkés, Pucharras y Juri permitiría llenar alrededor de 50 unidades acéfalas en funcionamiento y recientemente creadas “cuya conformación requiera especial celeridad”. En esa última categoría entran, entre otros, los juzgados del Trabajo y en lo Contencioso Administrativo concebidos en la penúltima sesión del año pasado, cuando el oficialismo adoptó la doble instancia para los fueros mencionados y, además, incorporó la atribución para suspender en forma automática a los jueces acusados de mal desempeño. Eventualmente, los despachos que se quedaran sin magistrado por la aplicación de esta cláusula -también judicializada- podrán ser llenados con subrogantes.

La propuesta de Rojkés, Pucharras y Juri viene así a completar la remodelación de la Justicia acometida en los últimos dos meses (ver “Un bimestre frenético...”). El texto indica que cualquier vacancia mayor a 60 días dará lugar a la designación de jueces provisorios. Estos desempeñarán sus funciones hasta la cobertura definitiva del cargo o el plazo de dos años, y percibirán el sueldo correspondiente. El proyecto no precisa si la designación puede ser renovada, pero sí especifica que el funcionario público nombrado juez subrogante tendrá derecho a una licencia sin goce de haberes respecto de su puesto de origen.

Los legisladores oficialistas proyectan que los candidatos a la judicatura precaria surjan de las ternas que el CAM elevó al Poder Ejecutivo. Si no existiera ningún abogado ternado en condiciones de ser juez sustituto, la nómina podrá ser ampliada siguiendo el orden de mérito de los concursos públicos celebrados en el pasado.

La lista de subrogantes potenciales ha de ser confeccionada de acuerdo a la jurisdicción, el fuero y la instancia, y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del CAM. El oficialismo reuniría el mínimo de cinco votos: en muchas votaciones estratégicas, los dos sufragios de la mayoría parlamentaria se sumaron a los del representante de la Corte, y a los de los jueces y abogados del sur. El proyecto de ley no indica si la organización de la nómina es vinculante para Manzur, que, respecto de la designación en propiedad, puede escoger a cualquiera de los ternados sin expresar motivos ni atenerse a un plazo. El juez subrogante debe recibir el acuerdo de la Legislatura.

Un bimestre frenético para el Poder Judicial

21 de diciembre de 2016: en la penúltima sesión del año, el Poder Legislativo sancionó a instancias del bloque mayoritario las leyes que incorporaron la doble instancia a los fueros laboral y en lo contencioso administrativo; que crearon la Justicia de violencia doméstica y que agravaron el régimen de destitución de los magistrados acusados de mal desempeño. Algunos de estos cambios fueron judicializados.

16 de febrero de 2017: en una sesión extraordinaria, el bloque mayoritario separó el Ministerio Público, y lo libró de los controles que ejercía la Corte en cuanto al dinero y el personal. Opositores acudieron al alto tribunal para bloquear esta reforma.

Otros proyectos: el oficialismo promueve la cobertura de cargos judiciales con subrogantes. Además, debate la posibilidad de ampliar la Corte, que pasaría de cinco a nueve miembros.