SAN PABLO.- El ex presidente, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, hoy goza del favoritismo en todos los escenarios de las encuestas para volver a la presidencia de Brasil, pero hace un año, el 4 de marzo de 2016, su carrera política cambió con la irrupción en su vida de la Operación Lava Jato, en cuyo marco el juez Sergio Moro allanó la vivienda particular del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y lo llevó por la fuerza a declarar con la Policía Federal.
Para el PT, la decisión de Moro de llevar a ‘Lula’ a declarar al aeropouerto de Congonhas, en la zona sur de San Pablo -luego de haber avisado a la televisión, que transmitía en vivo el procedimiento- “fue el inicio del golpe” que derrocó más tarde en juicio político (impeachment) a Dilma Rousseff.
Moro y Lula, quien denunció al juez por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, se verán las caras el 3 de mayo, por la causa sobre un departamento que la fiscalía dice que fue regalado por una empresa que recibió beneficios originados en la corrupción.
Hasta el día de hoy, los analistas políticos se preguntan si en realidad lo que hizo Moro fue detener al ex presidente, pero se arrepintió a raíz de la gran convulsión popular que generó, con miles de personas en las calles respaldando al fundador del PT. Moro quedó expuesto con la decisión de llevar a ‘Lula’ en un trámite conocido como “conducción coercitiva”, cuando un testigo es llevado por la fuerza cuando se niega a declarar.
Pero según ‘Lula’ nunca había sido intimado por Moro a declarar en una causa que hoy está en pleno juicio y toma de declaración de testigos: un departamento en el balneario de Guarujá que la familia del ex presidente visitó pero no compró, propiedad de la empresa OAS. (Télam)