César Milani habría falseado el acta de deserción del soldado riojano Alberto Ledo para encubrir su secuestro y homicidio y, como consecuencia, la responsabilidad de los perpetradores. Principalmente, la del otro procesado del caso, Esteban Sanguinetti (se lo acusa de privación de la libertad y homicidio agravado). Ese fue el argumento central del juez federal N°2 Fernando Poviña para procesar ayer al ex jefe del Ejército (2013- 2015) en la causa que investiga la desaparición del joven, ocurrida en Monteros en 1976, durante el terrorismo de Estado.
Si bien el procesamiento es sin prisión preventiva (el juez afirmó que las querellas no la solicitaron), el magistrado trabó un embargo por $200.000 y prohibió la salida de Milani del país.
El magistrado siguió la línea que había marcado desde el inicio el fiscal federal N°1 , Carlos Brito, quien había requerido la indagatoria del ex militar hace tres años. Brito afirmó al sitio Fiscales.gob, estar satisfecho por la resolución. “Fue una actividad que le llevó tiempo a la fiscalía, de hecho el juez anterior se había negado a hacerlo. Pedí la indagatoria de Milani por estos hechos en diciembre de 2014. Recién en febrero de 2017 lo tuvo que citar otro juez”, explicó. Tras un derrotero judicial -que incluyó la negativa de citarlo mencionada por Brito y el apartamiento del juez federal N°1. Daniel Bejas-, Milani fue convocado por Poviña y declaró el 14 de febrero en los Tribunales federales locales.
En una declaración de tres horas, aseguró entonces que no conoció a Ledo. Milani se quebró dos veces en la indagatoria. Días después, en La Rioja, quedó detenido tras declarar por los secuestros y torturas de tres víctimas (Pedro y Ramón Olivera y Verónica Matta).
Noventa carillas
El procesamiento, de 90 carillas, detalla las incongruencias en los trámites de deserción. Tal como había advertido el fiscal, por ejemplo, el entonces subteniente Milani recibió la orden de Sanguinetti para labrar las actuaciones el 29 de junio a las 18.30, pero el acta fue confeccionada a las 10.00, es decir, “con anterioridad a las instrucciones impartidas por Sanguinetti”.
En el documento, Poviña rechazó las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la defensa del ex militar, al considerar que apuntaban más al contexto que a los hechos. También descartó la solicitud de que se efectúe la pericia caligráfica en la firma que se adjudica a Milani en el acta de deserción. En el expediente consta una copia autenticada, porque el original se extravió en el Ministerio de Defensa. Practicar una prueba de ese tipo en una fotocopia es imposible. El juez recordó que durante la indagatoria, Milani dijo que pudo haberla hecho.
De acuerdo con la investigación, Ledo tenía 21 años cuando desapareció, el 17 de junio de 1976. Era estudiante de la UNT y había sido convocado para hacer el servicio militar obligatorio. Fue asignado al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. Unos 150 efectivos de esa unidad -entre quienes estaba Ledo- vinieron a Tucumán. Viajaron con Sanguinetti y Milani. Cinco días más tarde de que Ledo hubiera sido visto por última vez, el capitán Sanguinetti, jefe de compañía, designó a Milani el inicio de actuaciones por deserción.
De acuerdo con diversos fallos, disfrazar la desaparición de conscriptos mediante supuestas deserciones fue una práctica habitual del terrorismo de Estado.
En La Rioja
El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que la semana pasada ordenó la detención de Milani, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación cardíaca ayer. Esta semana estaba previsto que tomara declaración al ex magistrado León Arslanian, a la ex ministra Graciela Fernández Meijide y a Verónica Matta, pero a los dos primeros se les envió vía exhorto el pliego de preguntas para que sean respondidas en un juzgado de Capital Federal, mientras que Matta se encuentra en el sur del país, por lo que su declaración se postergó sin fecha. La evolución de la salud del juez será clave para determinar si sigue a cargo del caso, de acuerdo con la agencia Télam.