Por primera vez desde las reformas normativas que habilitaron la suspensión de magistrados judiciales sujetos a un proceso de destitución, la comisión de Juicio Político de la Legislatura le corrió traslado a un juez penal de una acusación en su contra por presuntas faltas en el ejercicio de su cargo.

El viernes, el comité legislativo le dio curso a la demanda que había planteado el abogado penalista Gustavo Morales en contra del vocal de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción, Jesús Carlos Pellegri. Según se dio a conocer desde la sede de Muñecas 951, las causales de la denuncia son “negligencia, irregularidades reiteradas, retardo injustificado e incumplimiento de los deberes a su cargo”.

El legislador oficialista Zacarías Khoder, presidente de la comisión de Juicio Político, explicó las razones por las cuales se resolvió avanzar con la presentación del letrado Morales. “Luego de haber analizado todos los elementos aportados por la parte acusadora, hemos decidido, por unanimidad, correr el traslado”, señaló el ex intendente de Banda del Río Salí. Y aclaró cuáles son los próximos pasos a seguir en el expediente. “Ahora el acusado tiene 15 días hábiles para responder (la demanda); luego, la comisión de Juicio Político tiene 20 días hábiles para decidir si continúa con el trámite o si archiva la causa”, agregó Khoder.

Si sucede esto último, el camarista Pellegri se verá librado de todas las acusaciones. Pero si el proceso avanza y los legisladores finalmente resuelven hacer suya la denuncia formulada por Morales, el caso del juez de Concepción podría convertirse en “testigo” de la aplicación de las reformas efectuadas por el oficialismo al sistema de destitución de magistrados.

Tras los cambios

En diciembre pasado, el bloque oficialista del Poder Legislativo, con el apoyo del sector afín al intendente Germán Alfaro (ApB), modificó un aspecto clave de la ley que regula la remoción de jueces, fiscales y defensores oficiales.

Con los cambios, si los dos tercios de la comisión de Juicio Político votan por elevar una demanda al Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento -órgano interpoderes que interviene en estos casos-, el magistrado acusado quedará suspendido de manera automática hasta tanto se resuelva su situación definitiva. En la actualidad, la Casa de Gobierno cuenta con el número necesario de legisladores para aplicar esa medida.

Antes, la suspensión era facultativa del Jurado de Enjuiciamiento, instancia en la que se requerían los dos tercios de las voluntades de sus miembros (el Jury cuenta con representantes de la Legislatura, del Ejecutivo, de la Justicia y de los letrados colegiados).

En la última semana de 2016, el gobernador, Juan Manzur, promulgó la ley que contempla estas novedades en el régimen de remoción de jueces y fiscales. El mandatario desechó así la posibilidad del veto, algo que exigían el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados de Tucumán. El representante de los letrados, Marcelo Billone, advirtió que buscarán un freno de la norma por vía judicial.

A la vez, la Unión Cívica Radical y el macrismo habían objetado estas reformas, advirtiendo que la suspensión de magistrados podría ser utilizada por el oficialismo de la comisión de Juicio Político para presionar a la Justicia provincial.

Desde que entró en vigencia este nuevo sistema, el camarista penal Pellegri se convirtió en el primer magistrado al que se le corre traslado de un pedido de remoción.

En la primera semana de este mes, la Legislatura ya había tratado una acusación contra un funcionario judicial. Según se informó desde la sede legislativa, el ciudadano Ricardo González González había demandado al fiscal de Instrucción de la IV Nominación del Centro Judicial de Concepción, Edgardo Sanchez. El denunciante alegó “mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho y prevaricato”. Por unanimidad, la comisión que preside el oficialista Khoder resolvió en este caso desestimar las acusaciones de González González en contra del fiscal Sánchez y archivar todas las actuaciones.