Eran cerca de las 8 de un día de la semana pasada y en Yerba Buena había sol. Eugenia D.M. avanzaba con su auto por la calle Las Acacias hacia el norte. Estaba trabajando: iba a llevar un pedido a la casa de una clienta. Pero en la vida todo es volátil y puede cambiar de un instante a otro. A mitad de camino, entre las avenidas Aconquija y Perón, ella advirtió que dos motos avanzaban hacia su auto; a bordo iban cuatro hombres que la apuntaban con armas de fuego. Inmediatamente se desató una catarata de imágenes en su cabeza: sus hijos, su esposo, su mamá; en definitiva, su vida.

Mientras los tucumanos (sin distinción de clase social, cultural o económica) hacen equilibrio todos los días al borde del precipicio de la inseguridad, el Gobierno diseñó un proyecto de ley que será puesto a consideración de la Legislatura. Su objetivo es reducir los índices de dos tipos de delitos: el motoarrebato y el robo de motos. Para ello propone una serie de medidas que pueden resumirse en lo siguiente: más y más controles sobre los motociclistas, como si ellos fuesen la causa de todos los males.

Puntualmente, lo que el proyecto de ley del Gobierno sugiere es una serie de prohibiciones de dudoso cumplimiento: que no puedan viajar dos personas de sexo masculino en una misma motocicleta, que todo aquel que circule en uno de estos vehículos lo haga con chaleco refractario y que no se les venda combustible a los que no usen casco, entre otras cosas. Si bien algunos legisladores oficialistas ya adelantaron que votarán a favor de que este proyecto se convierta en ley, la propuesta del Gobierno dispara una serie de interrogantes: ¿sólo los hombres cometen robos en motos? ¿no hay mujeres involucradas en este tipo de delitos? ¿una ley como esta no estigmatizará a las personas que usan estos vehículos para, por ejemplo, ir a trabajar? ¿existe la estructura suficiente como para controlar a los miles y miles de motociclistas que a diario circulan por las calles, rutas y caminos tucumanos? ¿en definitiva, no roza lo inconstitucional?

Hay que aclarar un punto: la multiplicación de motos en las calles durante los últimos años no es un síntoma de progreso social -tal como lo quiso hacer creer el kirchnerismo-; es el resultado de un sistema que excluye. El transporte público es un desastre: hay barrios a los que no llegan los colectivos, el estado general de las unidades es malo (claro que hay excepciones) y el costo de los viajes es cada vez más alto. En estas condiciones, a miles de personas no les queda más opción que comprar una moto (con una financiación que a simple vista parece atractiva, pero que a la larga les termina exprimiendo los bolsillos de manera brutal) y así obtienen un medio de movilidad con un costo diario mucho menor al del triste transporte público tucumano. La impresión que deja el proyecto que anunció el Gobierno es que si se llevan al extremo los controles sobre los motociclistas, los problemas vinculados con la inseguridad se van a terminar o se van a reducir de manera significativa. Pero los motoarrebatos son, en realidad, la superficie de un problema mucho más profundo: es el delito que se percibe, el que indigna, el que contribuye significativamente a generar la sensación de inseguridad. Y está muy bien combatirlo. Pero enfocarse sólo en él es, sin dudas, insuficiente y lleva a pensar que en realidad se busca generar un efecto en vez de resolver el problema.

Cuando Eugenia D.M. vio las motos y las armas reaccionó de manera instintiva: apretó el acelerador a fondo. No hubo tiempo de razonar, sólo sintió la necesidad urgente de ponerse a salvo. Instantes después, la amenaza había quedado atrás, pero la historia no había terminado: unas cuadras más adelante divisó a un hombre con el rostro ensangrentado y a una mujer que caminaba con mucha dificultad. Habían sido víctimas de los mismos motociclistas de los que ella había logrado escapar. Tras la denuncia pasaron a engrosar la cada vez más larga lista de víctimas de la inseguridad en la zona norte de Yerba Buena, la que irónicamente se encuentra entre las dos avenidas más pujantes de la provincia: la Aconquija y la Perón.

Es indudable que aquel que vivió experiencias como la de Eugenia (solo entre el viernes y el lunes se reportaron a LA GACETA 30 ilícitos en los que las motos fueron protagonistas) le exige al Estado medidas urgentes para que eso no vuelva ocurrir ¿Pero una propuesta como la que terminará en la Legislatura responde a lo que la sociedad pide? Tal como señaló el columnista Gustavo Rodríguez en LA GACETA del 13 de febrero, las mismísimas cifras oficiales dan una pista de cuál es la raíz del problema: alrededor del 80% de las personas que cometieron delitos en 2016 tienen problemas de adicciones a las drogas. Es decir, detrás de la cortina de humo que pueden generar ciertas medidas oficiales, la realidad es que Tucumán está en manos de los narcos que venden muerte y violencia. Y para encontrar una solución hace falta un plan integral de seguridad y no medidas parciales que tienen olor a marketing.

Luego de que LA GACETA revelara el domingo el proyecto de ley al que se refiere esta columna, las redes sociales oficiaron de caja de resonancia para medir el (mal) humor social que generó el anuncio. Y uno de los lectores -el gestor cultural Fernando Ríos- recurrió a la ironía para expresar en Facebook su escepticismo: “no jodan que en la próxima ley prohibimos directamente a las personas”.