La Legislatura proyecta operar contra ese asalto callejero cuyos autores utilizan las motocicletas para llegar y para escapar velozmente del escenario de sus delitos. Sin duda que resultan necesarias medidas de esa índole. Hay una alarmante abundancia de tales atracos, que han tornado peligroso el mero transitar por la vía pública. Aunque aún no se difundió el texto del proyecto de ley, uno de los recaudos anunciados contendría la prohibición de que dos personas viajen a bordo de la misma motocicleta, durante las 24 horas del día y en todo el territorio de la provincia. Esto ya ha dado lugar a polémicas, que marcan como adecuado que tal punto específico, entre otros, se examine con una mayor detención.
No es necesario recordar que toda legislación, para que realmente sea operativa en los hechos, debe estar ajustada a la realidad que intenta modificar. Es de sobra conocido que, dado el relativamente bajo precio y las facilidades de pago que existen, las motocicletas se han convertido en el medio más popular y rápido de transporte de personas, a lo largo y ancho de nuestra provincia. Es sabido también que, a pesar de las disposiciones municipales, estos vehículos son tripulados habitualmente por varias personas, como la manera más veloz y más barata de trasladarse de ida o de vuelta al trabajo o al domicilio. Imponer la regla de que viaje en motocicleta solamente el conductor, sin ningún acompañante, no parece viable.
Sí la obligatoriedad del casco aún no ha podido cumplirse de modo generalizado (a pesar de que constituye una protección sumamente eficaz para los accidentes), no suena a realista pensar que la prescripción del conductor solitario pueda tener más suerte. Como tampoco la obligación de portar un chaleco con el número de registro inscripto con pintura reflectante. La prohibición de vender combustible al motociclista sin casco, tampoco suena con demasiadas posibilidades: bastará que se coloque el casco en el momento de ingreso a la estación de servicio, y puede perfectamente sacárselo después. Esto aparte de la exigencia de controles para que la disposición se cumpla. Podría aducirse, por cierto, que las leyes tienen el propósito de intervenir en las conductas, precisamente para modificarlas. Pero no pueden dejar tenerse en cuenta las posibilidades reales de aplicación, que eviten convertir los artículos en letra muerta, como desgraciadamente ocurre tantas veces.
Nos parece que debe buscarse orquestar sistemas que sean más realistas y más aplicables. Se nos ocurre, por ejemplo, disponer que la policía interrogue y solicite documentación a todo motociclista que esté detenido, como esperando a alguien, en la calle. O que, en una especie de muestreo, cada tanto detenga a una pareja que circula, y le solicite la documentación del vehículo, su identificación, y revise los envoltorios que lleve. Todo esto, repetimos, dicho a título de ejemplo.
Pero no suena acertado generar un cuerpo de normas de difícil cumplimiento, varias de las cuales no significarán más que una serie de complicaciones, pérdida de tiempo, fastidio y daño económico para un sector muy numeroso de la población. Ello además de que no se cuenta con un personal policial suficiente. En suma, creemos que la implementación -por cierto muy bien intencionada- de mecanismos para evitar los delitos callejeros de motociclistas, debe ser revisada a conciencia, con un criterio de realismo y de verdadera aplicabilidad. De otro modo, parece difícil que llegue a funcionar.