El llamado a licitación de dos líneas de colectivo desató un conflicto político entre los concejales de la oposición y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La publicación en los medios de comunicación de la convocatoria para las líneas 10 y 12 el fin de semana sacudió a los concejales del bussismo y de la bancada Tucumán Crece-PJ: las condiciones son fijadas por la ordenanza 3.947 de 2008. Mientras la oposición del Concejo insiste en que se trata de un avasallamiento porque las condiciones fueron modificadas, desde la Intendencia aseguran que el llamado se ajusta a la normativa vigente.

Por los pasillos de la Municipalidad (9 de Julio y Lavalle), los funcionarios reclamaban por lo bajo que la sesión por la casa Sucar estaba en jaque como represalia por la licitación de las líneas de colectivo.

“Es intolerable que el Ejecutivo municipal intente por sobre la voluntad del Concejo dar vida a una ordenanza de 2008, que está extinguida y consumida jurídicamente. Legislar por decreto perjudica a los ciudadanos. No podemos tolerar este avasallamiento institucional. Es gravísimo que un error como este se deba al desconocimiento”, arremetió Dante Loza, presidente de la bancada Tucumán Crece-PJ.

“El pliego original de hace nueve años fue modificado, porque en la ordenanza el pliego tiene un valor de $ 10.000, y en la publicación pasó a $ 70.000. En los anexos donde se especifican las condiciones de las unidades se expresa que el 30% de la flota tiene que tener una antigüedad no mayor a dos años, el 40% entre cuatro y ocho, y el 30% final entre ocho y 10 años. Eso ya está en contra de ordenanzas nuevas que han sido aprobadas, en la que se establece que todos los coches tienen que ser nuevos”, criticó Juan Luis Pérez, compañero de bancada de Loza.

El concejal peronista insistió en que llamar a licitación con un pliego de hace casi una década ignora ordenanzas posteriores que modificaron las condiciones del transporte público, entre ellas, las que fijan la obligatoriedad de que las nuevas unidades tengan aire acondicionado. “Si se modificó el pliego se modificó la ordenanza. Si se quiere licitar, es necesario otra ordenanza actualizada”, insistió Pérez.

Desde Fuerza Republicana, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra apuntaron contra la medida y remitieron un pedido de informes a la Municipalidad. “Emplear un pliego de 2008 es un avasallamiento a las responsabilidades del Concejo”, había cuestionado Bussi.

Concejales a lo Icardi

El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, refutó con ahínco las críticas de la oposición. Indicó que en la ordenanza de 2008 se rige la licitación al régimen legal establecido por la ordenanza madre del transporte público (N° 570 de 1979), y a todas las normas que actualizan el régimen del servicio. Defendió la legalidad de las modificaciones cuestionadas en el pliego porque el régimen legal considera las circulares emitidas por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

Berarducci comparó las críticas del peronismo alineado a Casa de Gobierno con la polémica de farándula entorno al delantero argentino Mauro Icardi (se casó con Wanda Nara luego de que se separara de su amigo y compañero de club, “Maxi” López): “que el alperovichismo hable de avasallamiento de las instituciones es como si Icardi nos venga a dar clases de amistad. Es totalmente irracional e infundado”, defendió el funcionario del intendente Germán Alfaro.

El secretario de Gobierno explicó en que las líneas 10 y 12 están adjudicadas con un permiso precario-transitorio a las empresas Autobuses Santa Fe y Otros SRL (Propiedad de Jorge Berreta) y a Servicios Jacarandá UTE (de Alcides Courtade, César Atim y Tomás Burke) porque el llamado a licitación en 2008 cayó. “La ordenanza 3.947 sancionada por el Concejo está totalmente plena, vigente y operativa. Por eso el intendente, actuando dentro de la normativa vigente, ha llamado al proceso de licitación. Acá se está confundiendo el Concejo con sus circunstanciales integrantes. No podemos pensar también dentro de la matriz alperovichista que ‘el estado soy yo’. Se hace un segundo llamado a licitación atento a que el primero había sido oportunamente declarado fracasado, y está contemplado en la ordenanza”, aclaró el funcionario.