BUENOS AIRES.- La vicepresidenta, Gabriela Michetti, dijo que será la Justicia la que decidirá si acepta el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda de la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado. Por otro lado, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa pidió que se deje sin efecto el acuerdo.
Entre los defensores de la familia presidencial se encuentra el diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli. Dijo no ver irregularidades en el acuerdo que se celebró para saldar la deuda que la empresa Socma mantiene con el Estado desde 2001. Agregó que todos los acreedores están cobrando de esa forma.
Michetti también respaldó el accionar del Gobierno. “Defiende la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos públicos, a la par de una justicia independiente que pueda controlar las acciones de los funcionarios”, aseguró. “No hay aquí nada que no esté a la luz de toda la ciudadanía”, enfatizó.
La vicepresidenta reaccionó ante el dictamen de la fiscal general Andrea Boquín que pide rechazar el acuerdo por considerar abusiva la propuesta de la empresa. “Depende de la Justicia que todos los acreedores que acordaron, puedan cobrar y sus créditos dejen de depreciarse por inflación”, analizó.
En una entrevista con el diario Perfil, la funcionaria destacó la intervención de la Oficina Anticorrupción en el tema, que hace unos días confirmó que iniciará una investigación al respecto.
Sobre la potestad del Ministerio de Comunicaciones para responder a la propuesta del Correo Argentino, Michetti dijo que por una decisión tomada en la gestión anterior por la Procuración del Tesoro de la Nación, interviene la cartera que conduce Oscar Aguad.
Piden explicaciones
Massa es uno de los que arremetió contra Macri por el acuerdo. “Es muy importante que el Gobierno vuelva para atrás con este tema, que deshaga el acuerdo y en todo caso que sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante”, consideró.
“Es un tema de enorme preocupación pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significar al Estado, sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética”, expresó. El líder del Frente Renovador opinó que la situación trasciende lo económico. “La Argentina exigió un cambio que imponía gobernar de manera transparente”, declaró.
El legislador expresó que le parece inoportuno condonarle deudas a una empresa de la familia Macri cuando hay gente que atraviesa dificultades económicas. ”Todas las partes involucradas deben ir a la comisión de Telecomunicaciones (en el Congreso), que es la que debe tratar este tema”, reclamó.
En tanto, el fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo, también habló del tema. “El sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el 2033”, manifestó.
“En la denuncia que trasladé a la justicia, califiqué (el acuerdo) como una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado y posible tránsito de influencias y negociaciones incompatibles”, explicó el funcionario judicial.
Según explicó el fiscal, la PIA tiene una doble competencia, penal y administrativa. Por eso pidió al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que forme un sumario administrativo e identifique qué tipo de responsabilidad implicaría a los funcionarios intervinientes en el acuerdo. “La firma tiene una deuda que el Estado debe tratar de cobrar de la mejor manera posible”, argumentó el fiscal, que advirtió que cuanto más tiempo pasa es más favorable para el concursado. (DyN)