El Gobierno del presidente Mauricio Macri propuso condonar una deuda de $4.000 millones, que tiene con el Estado argentino una empresa propiedad de su familia, informaron hoy fuentes judiciales.
"La condonación debe considerarse abusiva, implica un perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional", opinó la fiscal Gabriela Boquín en una apelación presentada contra el acuerdo que el Gobierno había firmado con el grupo empresario Socma, de la familia Macri y de la cual el mandatario fue directivo años atrás.
La fiscal dijo que "pudo haber un conflicto de interés" cuando funcionarios del Gobierno argentino participaron en junio pasado de la negociación con Socma, porque al aceptar la propuesta directa o indirectamente pudo beneficiarse a familiares del presidente.
El Estado argentino era el principal acreedor de la empresa Correo Argentino, cuyo manejo estuvo a cargo de Socma entre 1997 y 2003, cuando el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el vínculo por falta de pago de la compañía, recordó la agencia DPA.
De acuerdo con un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, hecho público hoy, la quita aceptada por el Estado a Socma es "de más de 4.000 millones de pesos en la actualidad y de más de 70.000 millones a 2033", fecha de vencimiento del pago de la deuda, fijada en 15 cuotas con un interés del 6 al 7 % anual.
El consentimiento por parte del Estado argentino lo expresó "un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones".
"La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma, controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.", agregó la fiscal.
Según la apelación, en un primer momento el Estado rechazó una quita propuesta por Socma de 99,16 % pero luego aceptó un ofrecimiento de la empresa del 98,82 %. La fiscal Boquín lo calificó como un "valor insignificante".