La incertidumbre campea en la Justicia laboral. Y el problema creado por la introducción -a última hora de 2016- de la doble instancia en los litigios entre trabajadores y empresarios quedó íntegramente en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ocurre que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para intervenir en el caso iniciado por el legislador opositor Fernando Valdez (UCR) y remitió el pleito al máximo estrado de la provincia.

Los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello manifestaron que la cuestión era de naturaleza política-institucional y no administrativa, y que, por ende, excedía su jurisdicción. Los jueces invocaron el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que asigna la competencia exclusiva a la Corte en las acciones de amparo contra actos lesivos emanados de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los miembros de la Sala II juzgaron que, en virtud de “la gravedad institucional sin precedentes” que había alegado Valdez y la opinión (no vinculante) del Ministerio Público Fiscal favorable a la incompetencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, correspondía girar el expediente con la máxima premura posible a la Corte Suprema. Fuentes de ese ámbito manifestaron que la documentación está en poder del ministro público Edmundo Jiménez, quien deberá dictaminar sobre la competencia. Su opinión habilitará al alto tribunal para resolver si acepta o no el juicio, y si concede o no la medida cautelar que había solicitado Valdez.

Malestar y confusión

Los tiempos son acotados no sólo por la inseguridad jurídica que implica no saber cómo tramitarán los juicios laborales sino también porque el miércoles termina la miniferia dispuesta “para evitar nulidades” en los juzgados de Conciliación y Trámite, y en la Cámara del Trabajo. Este receso fue decidido por los tres vocales de la Corte en funciones el 1 de febrero: René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse (el presidente Antonio Gandur y Claudia Sbdar se reintegraron ayer). Al final inminente del receso -que en los hechos retardó la entrada en vigencia de la reforma legal impulsada por el Gobierno debido al malestar y a la confusión que esta provocó- se suma el juicio de Valdez. Ese legislador solicitó a la Justicia que frene la implementación de los cambios mediante una cautelar hasta tanto estén dadas las condiciones para que la doble instancia funcione adecuadamente. Valdez pretende que aquella sea aplicada una vez que comiencen a funcionar los ocho nuevos juzgados creados y no de inmediato, con los recursos existentes, como ordenó el oficialismo.

El bloque mayoritario instauró la doble instancia en los fueros contencioso administrativo y laboral en forma sorpresiva durante la penúltima sesión del año pasado. Opositores rechazaron la modificación por considerarla apresurada y sospechosa. El cambio también generó críticas en el Colegio de Abogados de la Capital, en la Asociación de Magistrados de Tucumán y entre los laboralistas expertos (se informa por separado). La reforma en el ámbito laboral debía regir ipso facto a partir de la conversión en juzgados de sentencia de los ocho juzgados de Conciliación y Trámite (con los añadidos en diciembre, sumarán 16). Como el fuero en lo contencioso administrativo carece de tal estructura -está compuesto por un tribunal con tres salas-, el oficialismo estipuló para este caso que la primera instancia sea aplicada a partir de la puesta en marcha de los seis nuevos despachos.