BUENOS AIRES.- A la polémica por la implementación de la Boleta Única Electrónica se suma un escollo en la Justicia. El juez federal Ariel Lijo solicitó al Ministerio de Modernización documentación sobre la presunta compra a Corea del Sur de máquinas electrónicas de votación, una de las reformas promovidas por el Gobierno que no obtuvo el año pasado aprobación del Congreso.

En un oficio librado el viernes pero conocido ayer, el magistrado ordenó a la cartera que le remita “las constancias documentales relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento presuntamente suscrito el 30 de junio con la República de Corea”.

El juez Lijo también pidió una nómina de la comitiva de funcionarios que viajó a ese país asiático a mediados del año pasado para firmar el protocolo que incluiría la provisión de máquinas para el sufragio electrónico, antes de que el propio Gobierno desistiera de impulsar el proyecto parlamentario. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, había visitado Corea del Sur entre el 29 de junio y el 1° de julio. En la agenda del viaje oficial, el funcionario nacional firmó el “Memorandum de Entendimiento” con Hong Yun-sik, ministro del Interior surcoreano.

El magistrado ordenó las medidas de pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien días atrás accedió a abrir una investigación judicial del caso luego de una denuncia de la abogada Valeria Laura Carreras. La denunciante había pedido que se investigue si el ministro pudo haber cometido los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al ordenar la adquisición antes del envío al Congreso del proyecto para implementar el nuevo sistema.

Un portavoz del Ministerio de Modernización afirmó que toda la documentación solicitada ya fue presentada ante la Justicia, e indicó que la cartera celebra la nueva solicitud judicial de modo de poder demostrar en forma fehaciente que las imputaciones de la denunciante son falsas.

Dado que carece de la mayoría parlamentaria, el Gobierno buscó consensuar el proyecto con los gobernadores peronistas pero tras un primer acuerdo resolvió retirar el proyecto del ámbito legislativo.

Lijo también pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita “el pliego licitatorio del software de voto electrónico enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión”. (Télam)