El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández y otros funcionarios del anterior gobierno, por presunto encubrimiento en el atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).

Así quedó determinado hoy tras el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2.002, en Capital Federal.

Lijo fue el juez que estaba de turno en enero de 2015, durante la freria judicial, cuando el fiscal Nisman presentó la denuncia. Lijo se declaró incompetente y luego, tras la feria, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas quien en abril de 2015 desestimó el inicio de la investigación alegando “inexistencia de delito”.

Ayer, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó esa y otras resolución y ordenó reabrir la pesquisa.

“Lo único que falta es acusarme de la muerte de Kennedy", escribió ayer a través de su cunta en la red social Twitter, la ex presidenta. Lo hizo luego de que se difundiera el fallo de la Sala I de Casación.

El 14 de enero de 2015 Nisman denunció a Fernández, a su canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al líder de Quebracho, Fernando Esteche y dirigente social Luis D’Elía, entre otros, por encubrir la supuesta responsabilidad de Irán en el ataque a la mutual judía de la calle Pasteur al 600, hecho registrado el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.

En esa denuncia, que ofrecía como prueba miles de horas de audios telefónicos, Nisman denunció que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, escondía "un intento de liberar de responsabilidades" a los funcionarios iraníes sindicados como autores del atentado, a cambio de incentivar las relaciones comerciales entre Argentina y esa República Islámica.

Cuatro días después de efectuar la denuncia, Nisman fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza, en el departamento en el que vivía en la Torre Le Parc, en Puerto Madero, de Buenos Aires.

“La maniobra denunciada ameritaba por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes un tratamiento más profundo de las cuestiones que habían sido planteadas", consignó el voto mayoritario de la Sala I de la CFCP, que ayer reabrió la causa y mandó sortear un nuevo magistrado para que la tramite.