Renovaron los contratos de trabajadores de la Fundación Miguel Lillo
Esta semana, los contratados de la Fundación Miguel Lillo, entre ellos la totalidad de los investigadores, recibieron la noticia de que se habían renovado sus contratos. Durante el año estuvo latente la amenaza de despido de casi 150 trabajadores a causa del ajuste en el presupuesto de la institución. Gracias a las gestiones del gremio de docentes, Adiunt, de la Conadu histórica, y el apoyo de los diputados por Tucumán se logró frenar y revertir. La lucha incluyó paros, cortes y ocupaciones simbólicas de la Fundación. Como consecuencia, el Gobierno se vio obligado a aumentar en $ 40 millones el presupuesto de la institución, logrando así los recursos que garantizan la estabilidad laboral de todos.
“Les duele que los jueces no se hayan dejado avasallar”
El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, José Luis Avignone, consideró que el Gobierno busca avanzar contra la Justicia. “La verdadera razón por la que existen las cámaras contenciosas con distintas salas es porque la doctrina moderna aconseja agilizar las demandas, especialmente contra el Estado. Las leyes aprobadas tienen un claro sentido político y orientación, dado que los jueces de este fuero han demostrado independencia, probidad y dedicación en sus funciones”, planteó el ex concejal radical. “Todavía les duele el hecho que no se dejaron avasallar luego de las bochornosas elecciones del 23 de agosto de 2015 cuando declararon la nulidad de los comicios por todos los hechos conocidos y que solamente se revirtió cuando el partido gobernante veía que perdía el poder, por lo que mandaron a todas sus huestes a la plaza Yrigoyen para que ejercieran presión ante la Corte Suprema de Justicia”, reforzó Avignone.
El presidente del Concejo cargó contra el intendente Campero
El presidente del Concejo Deliberante de Yerba Buena, Benjamín Zelaya, cargó contra el intendente de esa ciudad, Mariano Campero. Según denunció, el jefe municipal se inmiscuye en asunto del cuerpo legislativo. “Es asombroso lo que pretende Campero, que desde el despacho de la Intendencia quiere legislar y se niega sistemáticamente a remitir la información y documentación que venimos requiriendo como concejales para conocer por qué se contrataron en forma directa obras públicas, consultoras y se realizó un acuerdo millonario con empresas que violaron el código de planificación urbana. Es el caso del Alperovich Group en la obra sobre avenida Perón”, sostuvo el edil radical, luego de que el miércoles volviera a caer una sesión en ese municipio por falta de quórum. Ese día, Zelaya y otros concejales faltaron al recinto para evitar que se debatiera en sesión un aumento en la tarifa de taxis, se prorrogara el presupuesto del año en curso y se actualizaran los valores de la Ordenanza Fiscal Anual. “Indudablemente el intendente Campero pretende minimizar o esquivar los temas que verdaderamente atañen a la importancia del funcionamiento de la ciudad”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante yerbabuenense.