En 2016 quedará en el tintero. Pero el oficialismo ya presentó por Mesa de Entradas de la Legislatura el próximo proyecto que pretende tratar, en el marco de las reformas que viene impulsando para la Justicia provincial.

La iniciativa, que ya fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, propone un nuevo sistema de subrogancias para las magistraturas de todos los fueros, incluida la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). La intención es que los juzgados, fiscalías y defensorías oficiales acéfalos de forma transitoria o permanente “por recusación o excusación, licencia, vacancia, suspensión o cualquier otro impedimento” sean cubiertos por conjueces, cofiscales y codefensores oficiales, los cuales serían designados por distintas vías.

En la actualidad, quienes se hacen cargo de esos puestos son magistrados en funciones, según lo estipulado por las normas 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y 8.402 (de Asignaciones Especiales por Subrogancias), y por la acordada 768/2011 de la CSJT.

Si bien los conjueces figuran en esa normativa, el sistema hace “prácticamente imposible” que puedan actuar en un proceso judicial, remarcaron en los fundamentos de la propuesta los legisladores oficialistas Marcelo Caponio (apoderado local del PJ), Guillermo Gassenbauer (vicepresidente 2° de la Legislatura) y Julio Silman (presidente subrogante del cuerpo colegiado). Esto lleva aparejado que un mismo juez subrogue, por meses y hasta por años, uno o más juzgados con el consecuente y evidente deterioro -y hasta paralización- del servicio de justicia”, indicaron los peronistas.

Este trío había impulsado también las últimas reformas con impacto directo en la Justicia provincial, como la creación de juzgados de primera instancia en lo Laboral y en lo Contencioso Administrativo, y la sanción automática para magistrados en caso de que la comisión legislativa de Juicio Político formalice la acusación ante el Jurado (o Jury) de Enjuiciamiento.

Qué dice el proyecto

Para el caso de los conjueces de la Corte Suprema -serían 10 por cada fuero-, el proyecto de ley contempla que el PE elabore una nómina “de personas que reúnan las condiciones establecidas por la Constitución provincial”, quienes deberán contar con acuerdo de la Legislatura. Si se produce una vacante superior a 60 días corridos, según la iniciativa, se elegirá al sustituto de manera automática y por sorteo. Para las ausencias de menos de dos meses se seguirá el orden dispuesto por ley 6.238, que prioriza a los vocales de Cámara.

La propuesta de Caponio y sus pares habilita además un régimen de conjueces de Cámara y de primera instancia, de cofiscales y de codefensores oficiales. Para elaborar el listado, se propuso que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) efectúe una convocatoria pública a 30 días de aprobada la ley, a los fines de seleccionar los precandidatos. El PE, según el proyecto, efectuará el listado, pudiendo prescindir del orden de mérito, y lo elevará a la Legislatura.

En 2012, el alperovichismo había buscado un régimen similar de reemplazos en la Justicia, pero derogó la norma tras un fallo adverso en el fuero contencioso, a instancias de una demanda del Colegio de Abogados.