Según se prevé, la Legislatura protagonizará hoy desde las 8 una sesión tan extensa como polémica, a juzgar por la cantidad de temas a abordar y por la complejidad de muchos de esos asuntos. A modo de anticipo de ese clima de convulsión, ayer una fugaz reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales enardeció aún más a los referentes de la oposición.
En ese breve cónclave, el oficialismo dio dictamen favorable a tres proyectos que forman parte del paquete de reforma judicial, uno de los cuales resta poder al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, al dividir el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada una con su propia “cabeza”.
El texto complementa los cambios impulsados en el Código Procesal Penal (el nuevo digesto fue aprobado en octubre), y supone la creación de un órgano especializado para la defensa pública, función hasta aquí unida a la acusación (que ejercen los fiscales). Se trata de un cambio sustancial para la organización de la Justicia, que ya había sido tratado infructuosamente en 2014 a partir de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
El nuevo órgano tendrá funciones similares al que en la órbita nacional dirige Stella Maris Martínez, y deberá garantizar una defensa técnica de calidad orientada en forma prioritaria a los ciudadanos que carecen de medios para contratar a un abogado. Tendrá a su cargo al Defensor General, los defensores regionales, los defensores oficiales en lo Penal, en lo Civil y Laboral, de Menores y defensores adjuntos.
El mecanismo de designación del ministro de la Defensa será similar al que rige para el ministro Fiscal. El gobernador podrá elegir el nombre, con acuerdo parlamentario. Los dictámenes firmados ayer abarcan también la regulación del “Sistema de Conclusión de Causas” para el fuero penal, y la creación de un Colegio de Jueces.
Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) y José María Canelada (UCR) pusieron el grito en el cielo porque, según manifestaron, llegaron a las 12.20 a la reunión de comisión -había sido convocada para las 12- pero a las 12.15 ya había finalizado, según la constancia firmada por el director de Comisiones, Jorge Ybarra.
El paquete de proyectos judiciales comprende también otros asuntos que despertaron polémica, como la iniciativa que modifica el Jurado de Enjuiciamiento y prevé la suspensión de magistrados y funcionarios, si prospera la acusación ante la comisión de Juicio Político. Otra propuesta contempla la creación de seis juzgados de primera instancia en el fuero contencioso administrativo y 12 en el laboral; de esa manera, las salas de Cámara que hoy existen pasarían a desempeñarse como revisoras de sentencias.