En medio de dos fuegos. Así están los gobernadores justicialistas. Por eso es la cautela del mandatario tucumano Juan Manzur que no se juega ni por el proyecto que promueve la Casa Rosada ni por el que impulsa la oposición en el Congreso en torno de los cambios en el impuesto a las Ganancias. “Hay que buscar un justo término, un equilibrio, para que la gente pueda cobrar más sin que la provincia se quede sin dinero”, afirmó ayer Manzur, ratificando lo que anticipó a LA GACETA acerca de un costo fiscal para la provincia del orden de los $ 1.000 millones para el año que viene.
El titular del Ejecutivo resaltó que su administración hizo un esfuerzo financiero de $ 6.000 millones para concentrar, en un mes, el pago de dos planillas salariales y el medio aguinaldo a casi 120.000 agentes públicos, incluyendo municipales. “Hay que tener mucha prudencia y cautela”, dijo respecto del proyecto que la oposición impulsa en el Congreso, en momentos que los estatales reclaman el pago de un bono de fin de año. Al respecto, desde la Casa de Gobierno afirmaron que aún no hay respuestas de la Nación sobre si ayudará a Tucumán a hacer frente a ese compromiso.
Cualquiera sea la iniciativa que prospere, las modificaciones en Ganancias significará un menor ingresos a las provincias, al tratarse de un impuesto coparticipable. El Gobierno nacional no quiere perder la iniciativa y, por esa razón, citó para hoy, a las 17, a los ministros de Economía provinciales para explicar, en detalle, el impacto fiscal de la reforma impositiva. En el Salón de los Escudos, el administrador Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, será el encargado de difundir los cálculos oficiales y las diferencias en el costo fiscal del proyecto que promueve el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) respecto del que impulsan el Frente Renovador, el Frente para la Victoria y otros bloques opositores en el Congreso. Según trascendió, la Casa Rosada estima que su iniciativa implica un costo fiscal para 2017 de $ 49.500 millones, de los cuales, unos $ 24.000 millones serán retraídos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En cambio, el de la oposición significa un costo total de $ 140.000 millones anuales, de los cuales cerca de $ 70.000 millones serían descontados de las 24 jurisdicciones ($ 3.400 millones a Tucumán). Esta idea, no obstante, nada dice acerca de cómo impactarán los impuestos a crear.
Según Economía & Regiones (E&R), tal como fue sancionado en Diputados, el costo anual sería de $ 65.557 millones. No obstante, aclara la consultora, esto sería compensado con los nuevos impuestos a la renta financiera, a las mineras y al juego, por lo que el costo neto fiscal del proyecto opositor sería de $ 39.807 millones para 2017. Así, las provincias sólo deberían hacer un esfuerzo fiscal de unos $ 22.900. En ese contexto, Tucumán perdería $ 1.161 millones, muy cercano al cálculo que hizo Manzur. De prosperar esta medida, el costo fiscal para el conjunto de provincias significaría el 33% de la nómina salarial mensual promedio estimada para 2017, una vez y media el gasto mensual promedio en obra pública y casi dos meses del gasto en bienes y servicios estimado para el siguiente año, advierte E&R.