NUEVA YORK.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a dos republicanos de línea dura para dirigir el Departamento de Justicia y la Agencia Central de Inteligencia (CIA): el senador de Alabama, Jeff Sessions y el diputado por Kansas, Mike Pompeo. Los nombramientos se unen al del general retirado Michael Flynn, como nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Los tres aceptaron oficialmente las nominaciones.
Sessions, el primer senador en apoyar la campaña del magnate inmobiliario neoyorquino en las primarias del partido, se convertirá en el próximo Fiscal General del país si el Senado aprueba su nombramiento. El político de 69 años es, según el “National Journal”, uno de los cinco senadores más conservadores del país. Lleva 20 años en el Senado y se ha manifestado en reiteradas ocasiones contra cualquier forma de migración, ha cuestionado el cambio climático y ha tenido que rechazar varias acusaciones por racismo.
Fue fiscal de Alabama entre 1995 y 1997 antes de ser elegido al Senado. En un comunicado, Trump lo denominó “una mente legal de primera clase”.
“Abrazo con entusiasmo la visión del presidente electo Trump de ‘una sola América’ y su compromiso con la justicia igualitaria bajo la ley”, dijo Sessions en un comunicado del equipo de transición de Trump. “Estoy deseoso de cumplir mis deberes con una firme dedicación a la justicia e imparcialidad”, señaló. Sustituirá en el puesto a Loretta Lynch.
Pompeo -por su parte-, otro ex militar, sustituirá a John Brennan al frente de la inteligencia exterior y prometió trabajar junto a Trump “para mantener seguro a Estados Unidos”. Antiguo capitán del Ejército, el político (52 años) se graduó en la Academia militar en West Point, antes de estudiar derecho en Harvard y trabajar como ejecutivo en la industria de defensa.
Se le considera seguidor del ultraconservador tea party, que obligó a virar más a la derecha a los republicanos hace algunos años. En 2015, tuiteó que el acuerdo militar con Irán debía ser revocado.
Además, se opone al cierre de la prisión militar de Guantánamo y ha pedido la ejecución del ex informante estadounidense Edward Snowden, por revelar secretos oficiales que sacaron a la luz el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Miembro de la comisión de servicios secretos, es considerado un hombre cercano del vicepresidente estadounidense Mike Pence.
Anti islam
Por su parte, Flynn, oficialmente afiliado del Partido Demócrata, asesorará a Trump en todas las cuestiones de seguridad nacional e internacional y le recomendará cómo reaccionar en el caso de crisis. Debido a la falta de experiencia del Presidente en política interior y exterior, los analistas consideran que el general de tres estrellas tendrá una enorme influencia en el nuevo Gobierno. El cargo de Flynn no requiere la ratificación del Senado.
El veterano militar de 57 años es conocido por su actitud radical frente al islam, que considera una ideología política, no una religión. En un tuit en febrero consideró “racional” el miedo a los musulmanes. Flynn asesoró a Trump durante la campaña electoral y apoyó sus llamamientos a prohibir de forma temporal la entrada de musulmanes al país. Flynn “estará a mi lado para trabajar en la derrota del terrorismo islamista radical, enfrentar retos geopolíticos y mantener seguros a los americanos dentro y fuera del país”, dijo Trump.
Entre 2012 y 2014, Flynn fue director del servicio secreto militar del país, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Al igual que Trump, Flynn aboga por rebajar las tensiones con Rusia y ha aparecido en la televisión estatal Rusia Today. Según el diario “The New York Times”, su firma de asesoría Flynn Intel Group tiene conexiones con países en Oriente Medio y se la conoce como “lobista” a favor del Gobierno turco.
Sus antiguos compañeros lo describen como un hombre perturbado, incluso el ex secretario de Estado, Colin Powell llegó a decir de él que era un derechista loco.
Indefiniciones
Por el momento no hay ninguna pista concreta, o con posibilidades de concretarse, sobre a quién pondrá Trump al frente de Defensa y el Departamento de Estado. Como jefe de la diplomacia sigue sonando el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. El fin de semana se espera que Trump se reúna con Mitt Romney, el candidato republicano que en 2012 perdió las elecciones frente a Barack Obama. Romney criticó a Trump durante la campaña y hay informaciones contradictorias sobre si el encuentro podría servir para una reconciliación o si Trump quiere ofrecer a Romney el puesto de secretario de Estado. Además, Trump se reunió el jueves con Nikky Haley, que también se menciona para ese puesto. La gobernadora de Carolina del Sur saltó a la luz pública en relación con una disputa por la bandera confederada que representa a los estados del sur. (DPA)
Protegerán las libertades civiles
WASHINGTON.- Los fiscales generales de al menos cinco estados demócratas han anunciado que combatirán en los tribunales cualquier decisión del presidente electo, Donald Trump, que atente contra el legado político de Barack Obama o contra las libertades civiles, en el marco de una nueva estrategia del Partido Demócrata para ganar ante los jueces lo que pierdan en el Congreso de EEUU, bajo control absoluto del partido Republicano.
Los fiscales de Maryland, Virginia, Washington, Massachusetts y Nueva York han expresado su deseo de abanderar esta lucha y se han declarado en alerta, ante cualquier legislación que atente contra destacados triunfos de Obama como la nueva legislación para proteger al consumidor o su trabajo para combatir el cambio climático.
“Me he convertido en la primera línea de defensa en el caso de que la administración Trump decida actuar contra la Constitución”, declaró el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, quien recordó que fueron precisamente los estados demócratas quienes obligaron al presidente republicano, George W. Bush, a que diera los primeros pasos hacia una legislación sin precedentes para regular las emisiones de gases tóxicos.
De la misma opinión se mostró Michael Kelly, portavoz del fiscal general de Virginia, Mark Herring.
“Como la administración Trump cruce la línea, estaremos dispuestos a luchar por los derechos de los virginianos”, avanzó. El año próximo, el partido Demócrata contará con 21 fiscales generales (contando al fiscal general del distrito de Columbia), con la capacidad de presentar demandas en nombre de los Estados contra decisiones ejecutivas del Presidente.
“Trump ha realizado una serie de promesas que podrían violar la ley de nuestro Estado si alguna vez llega a ejecutarlas”, declaró la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.
“Como a la administración entrante se le ocurra intentar actuar contra la Constitución, vamos a tomar las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de nuestros residentes y de nuestro Estado”, añadió. (Especial)
Pagará algunas causas judiciales
NUEVA YORK.- El presidente electo estadounidense, Donald Trump, quiere cerrar una disputa legal en torno a dudosas prácticas de negocio de su “Universidad Trump” firmando un acuerdo millonario, informaron medios estadounidenses. Los asesores legales de Trump enfrentan a estudiantes que afirman haber sido engañados con falsas promesas para pagar hasta U$S 35.000 por aprender los “secretos” de Trump.
El equipo de abogados de Trump estaría preparando un pago de entre U$S 20 millones y U$S 25 millones para conseguir que se retiren las acusaciones de fraude por parte de esa institución, en el marco de un eventual acuerdo extrajudicial, informó el “New York Daily News”, seguido de la emisora estadounidense CNBC y el servicio de noticias financiero Bloomberg citando a fuentes del caso.
“Como ha dicho desde hace tiempo el fiscal general Schneiderman, siempre ha estado abierto a un acuerdo que compense en forma justa a las muchas víctimas de la Universidad Trump que han esperado una resolución durante años”, comentó Eric Soufer, un portavoz del fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
Trump es acusado en una demanda conjunta y en otra de Schneiderman, de estafar a miles de estudiantes con falsas promesas y de malversar U$S 40 millones. El propio Trump habría ganado con ello U$S 5 millones.
La “Universidad” Trump atraía a sus estudiantes prometiendo convertirlos en exitosos profesionales del sector inmobiliario y hombres de negocio, pero no se trataba de una universidad con título reconocido, por lo que se vio obligada a cambiar de nombre. La institución funcionó entre 2005 y 2010, y fue cerrada tras las acusaciones.
El caso también desató titulares durante la campaña electoral, porque Trump dudó de la imparcialidad del juez competente Gonzalo Curiel por su origen mexicano.
Un acuerdo extrajudicial supondría un giro de Trump, que hasta ahora negó las acusaciones y anunció en junio su intención de reabrir la “Universidad Trump”, una vez que ganara el caso. (DPA-Reuters)