La bronca les salía por los poros a varios funcionarios judiciales, ayer a la mañana, cuando se enteraron de que habían entrado a robar a la Fiscalía de Instrucción V°. El hecho de que hayan destrozado vidrios, forzado puertas y revuelto expedientes puso en evidencia la inseguridad a la que están expuestos aún adentro de Tribunales.
El hecho debió haber ocurrido entre el martes a la tarde, cuando finalizó esa jornada laboral, y ayer a la madrugada, ya que el miércoles fue feriado por conmemorarse el día del empleado judicial. Pero nadie vio ni escuchó nada, ni siquiera los guardias de seguridad que deben custodiar el edificio de avenida Sarmiento y Laprida las 24 horas del día.
El hecho fue descubierto ayer a las 6.30, cuando llegaron los primeros empleados de la Fiscalía conducida por Washington Navarro Dávila. Se encontraron con los hierros retorcidos de las rejas de una ventana, que no llegó a ser barreteada, y los vidrios destrozados de la puerta trasera. Adentro el caos era todavía más grande: los intrusos habían encontrado las llaves que el fiscal suele dejar escondidas en su oficina e ingresado a la oficina de la secretaria Gabriela Granito, donde forzaron las puertas de los armarios y revolvieron todo. Sobre el piso habían quedado tirados decenas de expedientes, sobres abiertos, celulares secuestrados y CD’s con las grabaciones obtenidas en cámara gesell.
Ayer por la tarde se confirmó que los desconocidos se llevaron unos $ 15.000 en efectivo y algunos expedientes que hasta el momento no se precisaron. El fiscal adelantó que harán una auditoría interna para determinar cuáles fueron las causas que desaparecieron. Lo mismo ocurrirá con los elementos que estaban en calidad de secuestros.
Más detalles
Todo indicaría que los ladrones ingresaron por la obra en construcción que hay detrás de Tribunales, donde se está edificando un nuevo sector del Poder Judicial. Se debe a que solo una precaria puerta divide a ambos sectores y a que fueron hallados elementos de la Fiscalía en medio de los escombros de la obra. Sí se confirmó que los investigadores encontraron un bolso con celulares en el techo de la fiscalía y en la obra contigua.
Oficialmente se informó que son 45 los policías que están asignados al destacamento policial del edificio donde funciona el fuero penal. Realizan la custodia durante las 24 horas, los 365 días del año. Ese numero representa casi el 50% del total de uniformados afectados al Poder Judicial, ya que sólo en el ámbito de la capital son 108. A ellos se les debe agregar los de los centros judiciales de Monteros y Concepción.
¿Las cámaras?
“La Corte nos tiene desprotegidos”, le dijo Navarro Dávila a LA GACETA. Fue su único comentario acerca del robo ya que -según se excusó- prefirió no hacer declaraciones porque es el fiscal Arnoldo Suasnábar quien se está encargando de investigar el hecho. Con él se reunió ayer el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, quien se presentó en la oficina de Suasnábar para que le informe cómo avanzaba la pesquisa.
“Se está investigando qué documentación se afectó y qué elementos se sustrajeron. Este hecho responde a la precariedad con la que venimos trabajando en Tribunales y por la que venimos reclamando medidas para un trabajo con mayor seguridad y para tranquilidad de todos”, expresó Jiménez, con preocupación.
“Pero esto ocurre en Tribunales desde siempre -agregó-, a veces con más o menos notoriedad. En 2011 se robaron 12 computadoras de Tribunales y hay casos de expedientes, documentación y dinero que se sustrajeron de distintos juzgados; hoy le tocó a la Fiscalía V°”, lamentó.
El ministro fiscal adelantó que pedirá una audiencia con la Corte Suprema de Justicia, de la que participarán también los fiscales. “Vamos a plantear este tema porque es un problema serio y grave, que afecta a toda la Justicia”, remarcó.
Respecto a las pericias, Jiménez dijo que se levantaron huellas y que se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad que funcionan en los alrededores del edificio, aunque no precisó si estaban en funcionamiento las que están instaladas en los propios pasillos de Tribunales. En ese sentido, fuentes judiciales aseguraron que justo el miércoles (cuando no hubo actividad) no se observaban imágenes en los monitores de esos equipos, por lo que se sospecha de una “entregada”. También trascendió que el personal que se encontraba de guardia informó que hasta las cuatro de la mañana de ayer no se habían producido novedades en el edificio de avenida Sarmiento.
“Este debiera ser un lugar custodiado; hay una guardia permanente que tiene que custodiar todo el ámbito. Esperaremos a ver qué resulta de la investigación”, dijo el ministro fiscal, quien no se atrevió a aventurar ninguna hipótesis.
Estofán pide una policía exclusivamente judicial
En opinión del vocal de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán, el cuerpo policial de Tribunales está bajo cuestionamiento: no importa la cantidad de agentes sino las prioridades que le dan a su tarea. “La guardia de Tribunales depende del jefe de Policía. Recibe órdenes de él o del Ministerio. No nos obedecen a nosotros. No nos sirve así”, dijo.
La incursión de intrusos en la Fiscalía de Instrucción V puso de manifiesto la falta de estrategia para el cuidado del edificio donde se resguardan las pruebas de delitos y de las investigaciones penales. Estofán extiende su inquietud a todo Tribunales: “Necesitamos custodia no sólo de los edificios, sino de la gente que está circulando acá, de los agentes judiciales -entre los que se incluyen también los abogados y los procuradores-, y también hace falta que los custodios acompañen a los oficiales de Justicia a cumplir su mandato; y en especial a los notificadores que pueden llevar a cabo una medida judicial en zonas ‘calientes’ ”. En este sentido, dijo que no basta que se haya hecho un protocolo de actuación judicial a raíz del caso Sirnio Romanazzi -un acusado de violación que asesinó al prosecretario judicial Manuel Uro y al comisario Víctor Barraza en 2013-, sino que “se precisa una policía que dependa de nosotros, no de las disponibilidades que pueda dar el jefe de Policía, y que entienda que su tarea es la custodia de gente en los Tribunales y de los edificios, y acompañar en las tareas que hagan falta”. Diferenció a estos custodios de la tarea preventiva que debe tener la fuerza de seguridad provincial.
Con respecto al programa de Policía Judicial que se lleva a cabo en el Ministerio Fiscal -hay 10 expertos contratados para la tarea científica- dijo que “ese esquema es una parte, la técnica, pero falta el cuerpo de apoyo”. Estofán recordó que hace seis años habló de un proyecto de creación de esta Policía Judicial con el ex gobernador José Alperovich. “Necesitamos agentes capacitados para esto específicamente, no para investigar sino para custodiar, que es una cosa totalmente distinta. Yo soy partidario de policías de civil con bastón, que estén permanentemente entreverados con la gente; no hace falta que estén infundiendo temor, sino respeto”.
El Gobierno repudió el ataque a la fiscalía
“Repudiamos el vandalismo y la violencia con la que ingresaron a una fiscalía del Palacio de Tribunales. Es un hecho gravísimo”, aseguró Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad.
El funcionario se mostró muy preocupado por el robo que sufrió la fiscalía V de Instrucción Penal. “Ponemos todo a disposición para que se investigue y se llegue a los responsables”, concluyó.
Amado confirmó que, por una decisión del fiscal Arnoldo Suasnábar, el caso será investigado por personal de Delitos contra la Propiedad.
Por otra parte, Roberto Paz, presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán, señaló: “Cualquier ataque a una oficina en particular debe ser considerado una afrenta a la independencia de todo el Poder Judicial, custodio y encargado de la protección de los derechos de la ciudadanía”
La entidad expresó su preocupación y repudió los hechos sucedidos en la fiscalía que conduce Washington Navarro Dávila. “Nos solidarizamos con el fiscal y exhortamos a la Corte Suprema a proveer los controles atinentes a la seguridad de todas las dependencias que se encuentran bajo su órbita”, se pudo leer en el documento que se difundido ayer.
LAS VALIJAS
ARCHIVÓ UNA CAUSA POR PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO
Washington Navarro Dávila dirigió el caso del presunto manejo irregular de más de $ 600 millones, ejecutados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral bajo la figura de “ayudas sociales a personas”. Después de 10 meses de trabajo, el fiscal consideró que no había elementos para abrir una investigación y decidió archivar la causa. Ahora está en manos de otra fiscalía.
EL INCENDIO
INVESTIGA LA MUERTE DE DOS PRESOS EN LA BRIGADA NORTE
Francisco Emanuel Gallardo y Mateo Boris Visa estaban presos en la Brigada Norte y fallecieron cuando los calabozos se prendieron fuego, durante un motín, en junio del año pasado. Esta semana, Navarro Dávila presenció la teatralización del siniestro con la que se intenta determinar si hubo negligencia por parte de alguno de los policías que estuvieron en ese lugar.
EL EDIL
CITÓ A DECLARAR A 50 POLICÍAS POR EL CASO DE AYBAR
El presidente del Concejo Deliberante, Javier Aybar, protagonizó un insólito accidente de tránsito la madrugada del 3 de julio. Si bien el edil aseguró que viajaba como acompañante, LA GACETA publicó fotos donde se lo ve dormido, con el cinturón puesto, en el asiento del conductor. Al día siguiente, Navarro Dávila citó a declarar a 50 policías para que dieran explicaciones.
POLICÍAS
APREHENDIÓ A TRES POLICÍAS POR SUPUESTAS COIMAS
Tres policías de la división Sustracción de Automotores fueron aprehendidos por Navarro Dávila el mes pasado. Luego el fiscal pidió la prisión preventiva de dos de ellos (Daniel Luna y Carlos Sebastián Molina) por sospechar que habían cobrado una coima a cambio de liberar a una mujer con pedido de captura. El juez de Instrucción Alejandro Tomas no autorizó la medida.
EL EMPLEADO INFIEL
DENUNCIÓ A SU PROSECRETARIO POR COHECHO
Una persona pidió declarar ante Navarro Dávila para informarle que uno de los prosecretarios de la Fiscalía V° le había pedido $ 25.000 para acelerar una causa en la que se encontraba perjudicado. Al enterarse del hecho, y tras ver las pruebas que llevaba el denunciante, el propio fiscal acusó a su empleado y pidió que se lo investigue. Lazarte se encuentra sumariado. El caso es investigado por la fiscala Marta Mariana Rivadeneira.