No amainan las tensiones en la cúpula del Poder Judicial provincial. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de trasladar y promover a un grupo de empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar sin el aval de su titular, Edmundo Jiménez, reavivó el conflicto existente sobre el manejo del personal. En una acordada publicada recientemente, la 1.289 del 27 de septiembre, el alto tribunal desestimó los planteos del jefe de los fiscales y dijo que este no podía oponerse a los movimientos de miembros del staff judicial que implicaban ascensos.

La Acordada 1.289/16 lleva la firma de los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane y Daniel Posse. Claudia Sbdar se inhibió en forma parcial porque su hija Lucila Bercovich está entre los funcionarios del Ministerio Público con pedido de ascenso y traslado por parte de la Cámara Penal (adhirió, en cambio, al voto de la mayoría que declaró improcedente el cuestionamiento de Jiménez a la promoción de un funcionario de su vocalía). El instrumento consigna que Antonio Estofán no firmó por estar de licencia.

El acto administrativo es consecuencia del rechazo de Jiménez a dos decisiones previas: la promoción de Álvaro Miguel González, que era prosecretario en la Fiscalía de Instrucción Nº6 de esta capital y pasó a desempeñarse como secretario interino en la vocalía de Sbdar, y la promoción a relator de segunda instancia de una serie de empleados y funcionarios del Ministerio Público -entre ellos, Bercovich- solicitada por cada uno de los vocales de la Cámara Penal de esta capital. El jefe de los fiscales y de defensores oficiales expresó que estos cambios iban en detrimento de su órgano, y denotaban la intencionalidad de obstaculizar su actuación (ver: “La actitud del alto tribunal...”).

“Las propuestas de los vocales de la Cámara Penal implican un traslado con ascenso por lo que consideramos que no se debe coartar la posibilidad de progreso a los trabajadores propuestos. Asimismo, las vacantes que se generen por esos ascensos quedarán a disposición del Ministerio Público”, contestaron los vocales. Amén de ello, recordaron que estaban vigentes los órdenes de mérito derivados del concurso de ayudante de fiscal y de auxiliar de defensor, y en proceso de formación el nuevo orden de mérito de ayudantes judiciales, y que de esos listados surgirían candidatos para cubrir las vacantes respectivas que hubieren generado las modificaciones objetadas.

El caso “Villecco”

La Corte volvió a recordar a Jiménez que las facultades de superintendencia que le confiere la ley están supeditadas -por la propia ley- a la potestad que el alto tribunal ejerce sobre todo el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público. Ello, por previsión del artículo 121 de la Constitución provincial: a diferencia de la separación nítida imperante en la Nación, el órgano de Jiménez tiene cierta autonomía pero está incorporado al Poder Judicial que encabeza la Corte. Los vocales insistieron en su vocación por tapar en forma célere los “agujeros” que los movimientos habían producido en el Ministerio Público. A modo ejemplificativo “y revelador de la legalidad y legitimidad” de su proceder, el alto tribunal citó el caso de Álvaro Villecco, a quien la Corte ascendió en forma interina como relator de Jiménez, por pedido de este, el 18 de febrero de 2016; un mes después, el alto tribunal colocó a Patricio Juárez en el cargo que había dejado Villecco: en este supuesto, el traslado con ascenso favoreció a quien era empleado del Juzgado de Instrucción Nº1. Los vocales manifestaron que Jiménez había desistido de impugnar en el pasado los ascensos de Martín Nicolás Soria Femenías y de Arnaldo Eduardo Ahumada.

La emisión de la Acordada 1.289/16 habilita al alto tribunal a concretar las designaciones de relatores adicionales y temporarios “por razones de servicio” de la Cámara Penal de la capital que estaban bloqueadas por la oposición de Jiménez. Se trata de cargos con retribuciones mensuales del orden de los $ 55.000. Al día de la fecha sólo habían sido formalizados los movimientos que involucraban a personal de juzgados y tribunales. Así, Gonzalo Mauricio Ávila fue nombrado por petición de la camarista María Elisa Molina; Silvia Yolanda Dolores Gómez, por Alfonso Arsenio Zóttoli; Romina Tamara Argüello Montesinos, por Eduardo Romero Lascano, mientras que Agustina Mitre accedió al ascenso en virtud de una solicitud de Marta Cavallotti. Fuentes judiciales informaron que el juez Pedro Roldán Vázquez solicitó la promoción de Bercovich, que accedió -previo concurso- al cargo de auxiliar de la Defensoría Oficial en lo Penal Nº9 de la capital en julio del año pasado.