El contador Rafael Pirlo, luego de las objeciones formuladas por el Tribunal de Cuentas (TC), renunció a su cargo como subinterventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Según fuentes oficiales, el Gobierno provincial ya aceptó la dimisión.

Entre otros trámites administrativos, el ahora ex funcionario debería afrontar un cargo fiscal de $ 614.000. El monto fue establecido mediante el acuerdo 2.993, dictado el 7 de septiembre por Miguel Terraf (presidente del TC), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). El ente de contralor, de esa forma, dio por clausurado un juicio de cuentas en contra de Pirlo, debido a la omisión en el envío de documentación respaldatoria por erogaciones correspondientes a julio y agosto de 2014 (por entonces, era jefe del Servicio Administrativo Financiero de la repartición).

El ex subinterventor prefirió no formular declaraciones ayer con respecto a su renuncia. En la última entrevista a LA GACETA, semanas atrás, Pirlo había alegado un olvido. “Son una serie de expedientes en los que, personalmente, se me vencieron los plazos administrativos para presentar la documentación”, aclaró en esa ocasión.

El contador, una vez que el Tribunal de Cuentas ordenó la ejecución del cargo fiscal de $ 614.000, envió los papeles con los que, según dijo, iba a cumplimentar los requerimientos formulados por el ente de control. A un mes de realizado ese trámite, el TC todavía no dio por subsanada la cuestión.

Dos expedientes más

El ex subinterventor también está tratando de resolver otras objeciones realizadas por los contadores fiscales. El 11 de agosto, a través del acuerdo 2.613, el Tribunal de Cuentas le inició un juicio de cuentas por la falta de regularización de comprobantes de erogaciones por $ 14.882. El 8 de septiembre, mediante acuerdo 2.998, se inició un proceso administrativo de idéntico tenor por no haber logrado rendir cuentas por un total de $ 96.000. Estos expedientes no fueron concluidos aún por el TC, según se observa en la página web oficial del organismo de control.

Pirlo afronta estos asuntos desde que era jefe del SAF del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, durante la gestión de David Mizhrai. Fue ascendido el año pasado, con la llegada del actual interventor del Ipacym, el también oficialista Regino Racedo. Según se observa en los acuerdos emanados del Tribunal de Cuentas, ni el actual concejal capitalino ni el ex legislador están siendo objetados por los contadores fiscales, ya que los procesos son específicamente contra Pirlo, por haber sido responsable del Servicio Administrativo Financiero.

Mientras tanto, en el Ipacym están tratando de resolver otras objeciones efectuadas por el TC.

Hace seis días, mediante el acuerdo 3559, Terraf, Vidal y Díaz Ricci observaron con carácter de formal oposición la resolución 1183/450, dictada una semana antes por el Ipacym. A través de ese instrumento, la repartición había aprobado la celebración de un contrato de locación de servicios por la “custodia, gestión y guarda de archivo y documentación” con la firma Custodia de Archivos Noroeste SRL, con domicilio en calle Bolívar 1.531 de esta ciudad, según el informe oficial. Los contadores fiscales advirtieron que ese convenio establecía como fecha de inicio el 17 de abril pasado, lo que iba en contra del control preventivo dispuesto por ley. “Acatando la disposición del TC, se emitió inmediatamente la resolución N° 1.246/450 (dictada el lunes pasado), dejando sin efecto el trámite en cuestión. Se trata de observaciones de carácter formal que serán subsanadas para que (el contrato) se pueda efectuar correctamente”, advirtió Racedo.