El Gobierno provincial intentará unificar una posición regional con las provincias azucareras ante iniciativas que establecen un aumento de los impuestos a las bebidas analcohólicas y de la etiqueta “semáforo” de los productos alimenticios. Tanto en la Casa de Gobierno como en el sector industrial consideraron que se trata de propuestas que afectarán a la actividad azucarera “en su conjunto”: producción y empleo.

La acción del Poder Ejecutivo (PE) consistirá en un trabajo con legisladores locales y diputados y senadores nacionales de Salta y Jujuy y tucumanos, ya que se tratan de temas que serán resueltos en el ámbito del Congreso nacional.

“Coincidimos que afectará a la industria azucarera en su conjunto, además de que están hechos sobre bases y fundamentos poco claros”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, tras una reunión que mantuvo con los directivos del Centro Azucarera Regional de Tucumán (CART).

“Se acordó un plan de acción, que incluye el trabajo mancomunado también con el Centro Azucarero Argentino (CAA) y otras Instituciones del sector. Asimismo, se destacó la necesidad de informar a los diputados y senadores nacionales de las provincias azucareras sobre el particular, especialmente, ponerlos al tanto de los efectos en cambios en los impuestos de los alimentos azucarados en base a estudios realizados en varios países del mundo”, manifestó el CART en un comunicado.

En ese encuentro, los empresarios plantearon estas situaciones, en línea con lo expuesto por el Centro Azucarero Argentino (CAA). La entidad nacional rechazó “la imposición a alimentos azucarados y bebidas endulzadas con azúcar”.

“El azúcar en sí mismo o las bebidas azucaradas no son los únicos responsables de las crecientes tasas de obesidad en todo el mundo. De hecho, la cantidad de calorías consumidas en estos conceptos son a menudo una parte muy pequeña de la ingesta energética diaria en muchos países. También es bien reconocido que la obesidad es en gran parte el resultado de un desequilibrio en el consumo excesivo de energía y muy poco gasto de energía. Muchos organismos de salud pública, incluida la OMS, reconocen que la obesidad ha sido impulsada por una compleja interacción de factores ambientales, sociales, económicos, y de comportamiento, que actúan sobre un fondo de susceptibilidad genética”, señaló la CAA.

A su vez, manifestó que la experiencia demostró que los impuestos sobre las bebidas endulzadas con azúcar -y otras obligaciones fiscales similares sobre los alimentos o macronutrientes específicos- “no parecen tener impacto significativo en la salud, la obesidad pública o sensiblemente disminuir la cantidad de calorías que consumen las personas. “Tienen consecuencias económicas no deseadas y son impuestos regresivos que afectan de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos”, agregó en una nota institucional.

La idea de incrementar los impuestos no es nueva, pero en las últimas semanas tomó fuerza a partir de las declaraciones de Douglas Bettcher, director del Departamento para la Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Si los gobiernos gravan con impuestos más altos productos como bebidas que contienen azúcar, pueden reducir el sufrimiento y salvar vidas", había expresado.

Etiqueta “de alerta”

El sector privado ha rechazado con el mismo tenor proyectos que están en el Congreso nacional y que proponen aplicar un esquema denominado etiqueta “semáforo”. El objetivo de esa propuesta es que los productos lleven los valores de grasas, sal y azúcares que contienen, clasificándolos con los colores rojo, amarillo o verde. En la actualidad, en el país se utiliza un modelo de rotula nutricional que es destacado a nivel mundial. 

Esto significará que aquellos alimentos serán calificados con el rojo en caso de que conlleven un riesgo para la salud; los que no sean tan nocivos, con el amarillo, y los saludables, con el verde. Y en este proyecto, el azúcar se encontraría en el rojo, según remarcaron en la actividad.