La puesta en marcha de la “Ley de Trato Digno al Consumidor”, que limita los tiempos de espera a los usuarios, está llamada a ser un foco de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El viernes, por caso, las declaraciones de dos funcionarios del PE dejaron en evidencia cuán difícil resulta para la Casa de Gobierno cumplir con las disposiciones que fija la Ley N° 8.895.

“Esta ley cuenta con cinco artículos, dos de ellos se refieren a la reglamentación y articulo de forma; o sea que nos dejan con tan solo tres para trabajar y aquí nacen las dudas desde lo técnico y legal”, explicó la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, según declaraciones reproducidas en el sitio oficial de la Provincia.

La norma fue sancionada por la Legislatura y promulada el 11 de agosto por el PE, y establece que las filas para la atención al público no deberían superar los 30 minutos de espera, y 90 si hay números y espacios para sentarse. El radical Fernando Valdez fue el impulsor del texto, y desde hace semanas reclama al Gobierno que reglamente la ley para que su puesta en vigencia rápidamente.

El viernes, Vargas Aignasse y el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, encabezaron una reunión con representantes de organismos públicos, como el Registro Civil, Rentas, la AFIP, la Policía y el Subsidio de Salud.

En el Gobierno hablan de dificultades para cumplir con el texto sancionado por la Cámara. “Por eso venimos trabajando desde el Estado con organismos públicos y privados, escuchando las problemáticas para poder reglamentarla”, explicó Yedlin. “Debido a la complejidad de la norma se hace necesario trabajar con todos los actores involucrados para lograr una reglamentación”, añadió Vargas Aignasse. Según adelantó, la próxima reunión se hará mañana, en este caso con asociaciones de consumidores.

Desde que fue aprobada, la ley generó discusiones entre funcionarios del Gobierno y legisladores. En septiembre, de hecho, el propio Valdez se había quejado porque Vargas Aignasse faltó a una reunión de la Comisión legislativa de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, a la que había sido invitada. El 30 de agosto, además, el vocal de la Sala II en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, firmó un oficio para el gobernador Juan Manzur emplazándolo para que dé cumplimiento a la reglamentación de la norma.