Hubo un decreto que permaneció oculto durante 313 días, pero no es el único; el viernes apareció otro con más tiempo de antigüedad. Aquel fue firmado por Manzur el 29 de octubre de 2015 y salió a la luz, en el Boletín Oficial , el 6 de septiembre de este año, luego que LA GACETA revelara su existencia. Se trató el 41/1, que designó como asesor ad honorem del Ejecutivo -con rango de ministro- al ex gobernador y actual senador José Alperovich. ¿Por qué se decidió que permaneciera tanto tiempo en secreto? El artículo 2 dispone que los gastos emergentes del cumplimiento de las tarea que desarrolle (el senador) serán atendidos por la secretaría general de la Gobernación. ¿Este detalle es el que se quería resguardar? Se puede pensar que no se está reconociendo el asesoramiento sino los gastos para hacer política. Y con los recursos del Estado. Cuando se publicó el decreto en la página oficial no incorporaron los considerandos ni otros detalles, el texto fue escueto y se redujo a 22 palabras.

El viernes se subsanó otro “olvido” administrativo, ya que se decidió publicar en el Boletín Oficial el decreto 2.941/3, correspondiente al 16 de septiembre de 2015. Lleva la firma de Alperovich como gobernador. O sea, permaneció como secreto de Estado un año y 20 días. ¿A qué se refiere? Dispone la extracción de $ 550 millones del Tesoro de la Provincia para incrementar la partida “gastos en personal” de la Legislatura. ¿Por qué tanto misterio y necesidad de ocultar por tanto tiempo este aporte para sueldos (retribución del cargo, según reza el decreto)? Es que la Cámara redistribuyó estos fondos en otras partidas, especialmente en la 514, la polémica y eliminada recientemente “ayuda sociales a personas”. Los mismos dineros que terminaron en denuncias en la Justicia y cuyos papeles aún se siguen buscando. Alguien no quería que se conozca el tenor de este decreto y, por lo tanto, dio la orden: cajonearlo. Fue una persona de la gestión anterior, con la obvia complicidad de sus sucesores.

¿Fue un olvido lamentable o un simple error administrativo? Es raro, ya que sí se publicó en el Boletín Oficial del 23 de octubre del año pasado el decreto 2.942/3 del 16 de septiembre de 2015, por el cual se extrajo del Tesoro la suma de $ 330 millones y se la transfirió al Poder Judicial, también para retribución del cargo. ¿Se publicó porque en la Justicia no se pueden redistribuir recursos a gastos sociales? También apareció en el BO, tres días después, el decreto 2.812/3, del mismo tenor que los anteriores: sacar dinero del Tesoro para aumentar el presupuesto legislativo; pero por unos “módicos” $ 19,6 millones. Tal vez se lo puso porque era una suma que no despertaba sospechas.

Lo cierto es que se quiso mantenerlo oculto. Esto se puede afirmar porque el 6 de septiembre de este año, ante una consulta sobre decretos no publicados por el Ejecutivo, de parte de los legisladores José María Canelada y Eudoro Aráoz, el director del Boletín Oficial mencionó que había 31 decretos en trámite de publicación; y ninguno era el 2.941/3.

¿Qué pasó que resolvieron publicarlo después de tanto tiempo? Alguien anduvo preguntando en los últimos días. La vergüenza pudo más y se resolvió publicarlo, tarde; claro. Desde el Gobierno se asegura que se adherirá a la ley de acceso a la información pública. Palabras y gestos no van en paralelo.