Los expertos suelen tomar dos mecanismos para calcular la carga impositiva en un distrito determinado. Por un lado, está la presión fiscal efectiva, que toma en cuenta el peso de los impuestos que cobra Rentas sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada jurisdicción. El otro sistema sólo determina el peso del impuesto sobre los Ingresos Brutos (implican el 80% de la recaudación de cualquier distrito) en el PBG. En ambos casos, Tucumán reviste niveles elevados de presión fiscal. A esa conclusión arribaron los economistas Eduardo Robinson y Pablo Pero, de la consultora Robinson & Asociados.

“Para 2015 Tucumán se ha convertido en la segunda con mayor presión fiscal efectiva. En realidad, lidera el ranking todos los años del período 2004-2014, sólo para perder el primer puesto en 2015 siendo sobrepasada por la provincia de Misiones”, señala el reporte privado al que accedió LA GACETA, que analizó el comportamiento impositivo de la última década.

Y esa presión, según la interpretación de ambos expertos, tiene explicación en los resultados: en 2004, Tucumán recaudaba $ 4,5 por cada $ 100 producidos por los habitantes de la provincia. “Para 2015 todas las provincias aumentaron su presión fiscal. En el caso de Tucumán, el 7,3% de los ingresos provinciales son captados por la Dirección de Rentas en concepto de impuestos”, explican.

Tucumán no sólo sigue liderando el ranking de las provincias “más caras” en términos de servicios estatales, sino que la distancia con el resto se agranda significativamente, advierten. En el informe se llega a la conclusión de que pasa de cobrar un 40% más que el promedio nacional en 2004, a cobrar un 65% más que el promedio nacional en 2015.

“Puede entonces decirse que todas las provincias han aumentado la recaudación propia como porcentaje del producto. Aunque no hubo saltos abruptos en el ranking, sino desplazamientos”, advierten los economistas.

Un dato preocupante del reporte privado para la provincia es que el resto de los distritos del NOA, principales competidores en la atracción de inversiones, se ubica en la mitad más baja de la tabla.

La otra mecánica

Robinson y Pero advierten que la presión fiscal efectiva puede resultar criticable. “De todas formas entendemos que es uno de los métodos más transparentes y claros para la medición”, aclaran. Aunque en otras provincias, como Salta, la presión fiscal soportada por el ciudadano puede resultar menor (se delega en los municipios el cobro del Automotor y del Inmobiliario), en el caso de Tucumán, por diversas razones, “se encuentra en el grupo de provincias que menos fondos coparticipan a municipios”.

Así las cosas, la consultora toma la segunda hipótesis de medición, es decir, determinando cuánto incide Ingresos Brutos sobre el Producto Bruto Geográfico. En este aspecto, llegaron a las siguientes conclusiones:

• Tucumán empieza el período, en 2004, como la tercera de mayor presión. Recaudando por Ingresos Brutos el 2,8% del total recaudado por el distrito.

• En 2015 la provincia ocupa el segundo puesto de la tabla. Recaudando por ese impuesto el 5,9% de los ingresos de la provincia.

• Mientras la presión generada por el tributo declarativo en términos del Producto aumenta un 62% en el período 2004-2015 para el promedio de las provincias, para el caso de nuestra provincia aumenta un 110%.

Otro ejercicio para el cálculo de la carga impositiva, realizada por los economistas, estuvo orientada a la comparación de la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos entre distritos. En ese ejercicio, señalaron:

• Tucumán tiene una de las alícuotas más altas. “No llega a ser la más elevada, pero se encuentra en el grupo de las mayores”, dicen. Por caso, Chubut (5%), Entre Ríos (4,5%) y Córdoba (4%) cuentan con una alícuota general o del comercio minorista mayor que la de Tucumán (3,5%)

• La mayoría de las provincias determinaron alícuotas más bajas para la industria que para la actividad en general. La provincia sólo es superada en este sentido por Ciudad y por provincia de Buenos Aires (ambas con 4%) en este rubro.

• Tucumán no asigna alícuotas más bajas a la actividad industrial. Cargando excesivamente, en relación a las demás provincias, la producción que no provenga del sector agropecuario.