La Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió asignar más presupuesto a la redacción de sus sentencias. En virtud de la nueva ampliación del staff, la funcionaria Ana María de la Vega Madueño pasó a prestar servicios en la vocalía de René Goane. El vocal decano de la Corte dispone, así, de seis relatores mientras que sus pares Antonio Gandur, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse tienen cinco cada uno, lo mismo que Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.
De la Vega Madueño ingresó a Tribunales en 2013 para incorporarse como relatora de Sbdar. El lugar que aquella dejó libre al ser afectada a la vocalía de Goane fue ocupado por Juan Pablo Lenis, quien obtuvo un ascenso puesto que hasta entonces desempeñaba el cargo de secretario, siempre a las órdenes de Sbdar. Con el aval de sus pares, la vocal llenó el puesto que pertenecía a Lenis con Álvaro González, quien era prosecretario en la Fiscalía N°6 de esta capital.
Las acordadas (1.084 y 1.085) que disponen estos movimientos de personal tienen fecha 23 de agosto de 2016 y llevan la firma de los cinco integrantes del alto tribunal. Los vocales precisaron que todos los cambios son temporarios o interinos -están sujetos a confirmación-. Según la Acordada 1.084, Goane solicitó la colaboración transitoria de De la Vega Madueño por razones de servicio, su vasta trayectoria laboral y sus reconocidos antecedentes académicos en la especialidad de Derecho Administrativo.
El cargo de relator es de carácter vitalicio -permanece en funciones con independencia del vocal que lo nombró- y tiene jubilación con el beneficio del 82% móvil. Designado en forma discrecional, este funcionario escribe los proyectos de las decisiones que los vocales firman. Por sus servicios, el relator percibe una retribución de al menos $ 90.000 libre de impuesto a las ganancias. Los 31 relatores de la cúpula de la Justicia (incluido el Ministerio Público) cuestan -como mínimo- $ 2,8 millones mensuales al erario.