El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, y del titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, Edmundo Jiménez, vistaron el Palacio Legislativo para brindar su experiencia y su postura de cara a la declaración de la Emergencia en Seguridad que impulsa el Gobierno. De la cita también participaron el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el titular subrogante de la Cámara, Julio Silman, y el fiscal Diego López Ávila, entre otros. El encuentro duró alrededor de 2.30 horas y fue caratulado como muy productivo por las partes.

"La sociedad nos esta exigiendo normas claras para disminuir y hacer prevención con estos flagelos que tienen que ver con la delincuencia, pero principalmente con el de las drogas (...). Aspiramos a una ley del consenso y una ley que, en general, pueda contemplar las diferentes situaciones que acá se nos plantearon, desde la Justicia federal a la provincial", manifestó Jaldo en rueda de prensa.

El vicegobernador indicó, además, que van a tomar lo mejor de la Ley de Emergencia en Seguridad de la Nación, de los proyectos aportados por los legisladores y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado la semana pasada por el gobernador Juan Manzur para darle forma a la norma.

Jiménez también se manifestó satisfecho por la convocatoria ya que pudo aportar datos, estadísticas, experiencias, según afirmó. Además, indicó que convocó a reuniones vecinales para conocer los problemas y tomar decisiones acertadas.

"Hay muchos problemas que no están siendo satisfechos hacia la sociedad y esto es la motivación de la ley de emergencias. Todos sabemos que hay una necesidad de atender la seguridad, pero tenemos que tener un diagnóstico más preciso que va a hacer más eficiente la aplicación de los recursos", expresó el ministro fiscal.

El titular de la Corte, por su parte, consideró que la situación de inseguridad que se vive en la provincia es similar a la del resto del país. Además, ponderó que se vaya a sancionar una ley de emergencia. "Los fundamentos del decreto nacional que establece la emergencia en la seguridad son bastante elocuentes. Ahí se habla muy claro que la seguridad es un derecho que traspasa todos los derechos", apuntó.

El encuentro se dio antes de la sesión del jueves, en la que se tratará el dictado del estado de Emergencia en Seguridad en el territorio provincial.

Presentación

En tanto, miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán presentaron en la Legislatura una nota solicitando una audiencia con Jaldo en la brevedad en el marco del tratamiento de la ley para brindar su postura respecto a la situación. "No puede desconocer usted que las víctimas de la impunidad y sus familiares somos afectados directos de tan brutal situación, que llevamos muchísimos años luchando para revertir el caos social que ello significa y que bregamos sin pausas por verdad y justicia", señala el texto que lleva las firmas de Alberto Lebbos, entre otros.

Ayer, Ricardo Sanjuán, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, y Fernando Luis Poviña, juez federal N° 2 de Tucumán, visitaron la sede del Poder Legislativo para aportar su experiencia en este tema.

La emergencia propuesta por Ejecutivo, a través de un DNU, tendrá un alcance de un año y permitirá que el Gobierno suscriba convenios y protocolos con fuerzas de seguridad nacionales que sean necesarias y adquirir bienes y servicios para cumplir los objetivos. "No me temblará el pulso para hacer todo lo que tengamos que hacer. Esta es una decisión política clara contra el narcotráfico y las drogas", manifestó hace unos días el gobernador Juan Manzur.