La Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió una acordada -la 1.236/16- para contrarrestar los comentarios críticos del legislador Eudoro Aráoz (UCR). “Sus manifestaciones son una afrenta a nuestro sistema democrático y un ataque a la estabilidad del orden institucional”, declararon en el instrumento publicado ayer los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse (Claudia Sbdar no intervino porque está de viaje en el extranjero).

El miércoles, Aráoz había conectado el archivo fallido de la denuncia penal de Oscar López sobre el manejo de gastos sociales legislativos en 2015 con el encuentro que mantuvieron Gandur, el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, el fiscal de Estado Daniel Leiva y el abogado Nicanor Rodríguez del Busto en la casa del primero. En esa reunión del 18 de agosto, los participantes hablaron del juicio en lo contencioso administrativo que inició Aráoz para acceder a información sobre el destino dado a los $ 615,6 millones que la Legislatura erogó en supuestos gastos sociales durante 2015. “Pido la intervención federal para el Poder Judicial de Tucumán porque no sabemos si la decisión de archivo (del fiscal Navarro Dávila, luego dejada sin efecto por su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez) tuvo algo que ver con la reunión secreta”, advirtió Aráoz. Y añadió que había comunicado la situación a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, y a Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Los vocales de la Corte rechazaron en forma enérgica la suposición de Aráoz. Afirmaron que no cabía admitir especulaciones puesto que Gandur recibió a Manzur, Jaldo, Leiva y Rodríguez del Busto el 18 de agosto por cortesía, y porque ya había firmado las resoluciones de su interés (el Gobierno había pedido a la Corte que quitara el expediente de Aráoz al camarista Rodolfo Novillo o bien detuviese el trámite del proceso, todos planteos con desestimación confirmada). “Debe ponerse de relieve que las aseveraciones (de Aráoz) no se condicen de ninguna manera con la realidad”, expresaron.

Gandur, Goane, Estofán y Posse insistieron en que los comentarios del legislador opositor carecían de todo sustento, y sólo perseguían desacreditar al Poder Judicial evidenciando otras intencionalidades. “La Corte reitera el rechazo y renueva una vez más su compromiso constitucional de afianzar la justicia”, añadieron al final de la Acordada 1.236/16.

El 16 de agosto, el vocal Estofán se reunió con Manzur y Leiva en la Casa de Gobierno, pero aquel negó haber abordado la judicialización de los gastos sociales legislativos. Estofán dijo que había ido a conversar sobre las vacantes de los juzgados de Paz (18 de 72) y que tenía una cita concertada de antemano. El mismo 18 de agosto en el que Gandur recibió a las autoridades de los otros poderes y a los abogados en su domicilio particular, Posse se encontró con Manzur y con Jaldo en la sede del Poder Ejecutivo. “Si me convocan por temas de la Provincia, iré porque creo en el diálogo entre las cabezas de los poderes del Estado, así como también haré lo que tenga que hacer en los expedientes que lleguen a mis manos”, había dicho Posse. El 22 de agosto, el vicegobernador Jaldo anunció el fin de los subsidios para personas físicas -subsisten las ayudas para personas jurídicas- y la bancarización de los movimientos de fondos de la Legislatura.