BUENOS AIRES.- Cambiemos consiguió ayer en la Cámara de Diputados convertir en ley el proyecto de Acceso a la Información Pública. Tras 12 años de demora, se sancionó la norma que regula el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y obliga a los poderes del Estado a responder pedidos de información de los ciudadanos. Se rechazaron sobre tablas las modificaciones realizadas en el Senado el 18 de mayo y se aprobó la versión original impulsada por la Casa Rosada.

La propuesta fue incluida en el temario de la sesión ordinaria, convocada para tratar proyectos consensuados, por pedido del oficialismo. Fue sancionada con 182 votos afirmativos y 16 en contra (de Progresistas, el Frente Cívico por Santiago y el Frente de Izquierda).

“El Senado modificó tres artículos del proyecto y luego de las consultas con todos los bloques hemos llegado a la conclusión de que esta cámara insista en la sanción originaria”, esgrimió Pablo Tonelli (Unión PRO) para pedir que se debata la propuesta.

El oficialismo ya había manifestado su disidencia con las modificaciones aplicadas la semana pasada. Habían sido promovidas por los bloques del PJ- Frente para la Victoria, Movimiento Popular Neuquino y Fernando “Pino” Solanas, entre otros, que coincidieron en cambiar un artículo e incluir entre los entes que deben brindar información a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (como YPF).

También se dejó sin efecto el cambio que establecía que el director de la Agencia de Información Pública debía contar con el acuerdo del Senado. Se restituyó también el artículo que indica que no puede ser titular de la Agencia quien haya ostentado cargos políticos o partidarios hasta cinco años antes de su designación.

El proyecto aprobado establece que quienes estarán obligados a entregar información son la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura. También, las empresas y sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Incluye a concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, partidos políticos, sindicatos, universidades y las entidades privadas que reciban aportes del Estado.

Queda exceptuada, según el diario La Nación, la información clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior; información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; los secretos industriales, comerciales, financieros y científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.

En caso de una negativa, los interesados en ejercer su derecho de acceso a la información podrán interponer un recurso administrativo. Los pedidos de la ciudadanía serán gestionados por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Deberá también impulsar las sanciones administrativas para los funcionarios que no cumplan con lo establecido por la norma (Especial).