El fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, insistió en que no existen elementos que prueben el uso indebido de los fondos conocidos como "gastos sociales", que maneja la Legislatura.
Navarro Dávila resolviera el archivo de las actuaciones por el presunto manejo irregular de $615,6 millones, ejecutados por el Poder Legislativo en el 2015 electoral bajo la figura de "ayudas sociales". Sobre la base de informes del Tribunal de Cuentas y de otras reparticiones, el fiscal consideró que no hubo delitos. Sin embargo, El titular del Ministerio Público, Edmundo Jiménez, resolvió que la investigación pase a la Fiscalía de la II° Nominación, a cargo de Claudio Osmar Bonari.
"De acuerdo a la documentación que aprobó el Tribunal de Cuentas en base a los dichos de cada uno de los responsables de este órgano, no hubo ninguna irregularidad. No puedo opinar si esto me parece lógico, porque yo tengo que ser objetivo con los elementos que me aportan. Cualquier ciudadano que quiera hacerle una auditoría al experdiente, puede hacerlo", desafió Navarro Dávila en conferencia de prensa.
"Al dictarse un acto administrativo por parte de un órgano del Estado, y aprobado, que dice que no hay ninguna irregularidad, incursionar en eso sería inmiscuirse en un poder del Estado, lo cual está vedado. El Tribunal de Cuentas dice que no hay ninguna irregularidad, y que ellos verficaron personalmente a cada uno de los beneficiarios que consta en el acto administrativo", subrayó. 
Navarro Dávila dejó en claro que no conoce a los beneficiarios de la ayuda social legislativa "porque no tengo facultades y no puedo avanzar más allá".
"No puedo porque es una investigación sumaria, y si yo avanzo sería violar algunas disposicones que después harían caer nulas un requerimiento de investigación jurisdiccional. Por eso tomé la decisión del archivo de las actuaciones", enfatizó.

El fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, insistió en que no existen elementos que prueben el uso indebido de los fondos conocidos como "gastos sociales", que maneja la Legislatura.

Navarro Dávila archivó las actuaciones por el presunto manejo irregular de $ 615,6 millones, ejecutados en 2015 por el Poder Legislativo en el año electoral bajo la figura de "ayudas sociales". Sobre la base de informes del Tribunal de Cuentas y de otras reparticiones, el fiscal consideró que no hubo delitos. Sin embargo, El titular del Ministerio Público, Edmundo Jiménez, resolvió que la investigación pase a la Fiscalía de la II° Nominación, a cargo de Claudio Osmar Bonari.

"De acuerdo a la documentación que aprobó el Tribunal de Cuentas en base a los dichos de cada uno de los responsables de este órgano, no hubo ninguna irregularidad. No puedo opinar si esto me parece lógico, porque yo tengo que ser objetivo con los elementos que me aportan. Cualquier ciudadano puede hacerle una auditoría al expediente", desafió Navarro Dávila en conferencia de prensa.

"Al dictarse un acto administrativo por parte de un órgano del Estado, y aprobado, que dice que no hay ninguna irregularidad, incursionar en eso sería inmiscuirse en un poder del Estado, lo cual está vedado. El Tribunal de Cuentas dice que no hay ninguna irregularidad, y que ellos verficaron personalmente a cada uno de los beneficiarios que consta en el acto administrativo", subrayó. 

Navarro Dávila dejó en claro que no conoce a los beneficiarios de la ayuda social legislativa "porque no tengo facultades y no puedo avanzar más allá".

"No puedo porque es una investigación sumaria, y si yo avanzo sería violar algunas disposicones que después harían caer nulas un requerimiento de investigación jurisdiccional. Por eso tomé la decisión del archivo de las actuaciones", enfatizó.