Las irregularidades por la publicidad emitida de manera gratuita para el PJ por canal 10 durante agosto de 2015 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. Un proyecto de declaración fue presentado por la diputada Teresita Villavicencio junto a Juan Casañas, ambos del bloque del Bicentenario (UCR- Cambiemos). En el manifiesto señalan que además del perjuicio patrimonial por $3,6 millones, también generó “un desprestigio manifiesto en la credibilidad del medio televisivo”.

En el texto que presentaron ante los diputados, señalan que el planteo “obedece a que no solo se trata de una mera irregularidad administrativa, sino que conlleva un desequilibrio en la ‘propaganda electoral’, utilizando un medio del estado para beneficio del partido gobernante”.

Agregan que la salida de la publicidad se dio en un contexto electoral donde el partido oficial realizó “un festival de clientelismo que incluyó desde bolsones de alimentos, acarreo de electores y dádivas”. A lo que se suma, según los parlamentarios, que se utilizó parte “de los recursos públicos (Canal 10), para favorecer al Partido Justicialista - Frente para la Victoria”.

Sostienen que la presentación de las renuncias de los dos directores por parte de la UNT, Mauro Feldman y Daniel Moeremans, son un “indicio de la irregularidad, que además ya había sido denunciada públicamente”. Y que el tercer director, Alejandro Laurnagaray (representa a la provincia) se desempeñó como asesor de prensa de Beatriz Rojkés, durante su mandato como senadora nacional. Este dato toma relevancia por que, según exponen, el canal “ha funcionado durante años como un apéndice de los funcionarios provinciales que se ocupaban de las tareas de prensa y difusión”.

Decisiones

Esta semana podría ser de definiciones, por un lado hoy se estaría firmando el acuerdo de pago con el Partido Justicialista, en 18 cuotas con los intereses correspondientes a esos $3,6 millones en publicidad.

Además, se reúne la comisión de Hacienda del Consejo Superior, que la semana pasada emitió un dictamen para pedir la remoción de los dos directores de la UNT, Feldman y Moeremans, quienes luego presentaron sus renuncias. A ese dictamen podrían agregarle hoy que también se le solicite a la provincia que reemplace al vicepresidente, Laurnagaray. Según el testimonio de los empleados fue el vicepresidente quien originó todo al incluir de manera “manual” publicidad que el PJ no había solictado. Según consta en el sumario administrativo solo dos personas tenían la clave que se requería para esta tarea de “cargar” pautas en el sistema. Con esto se da a entender que Laurnagaray habría solicitado la clave y de esta manera pudo aumentar 40.000 segundos. Luego estos no fueron facturados y tampoco incluidos en el balance de la empresa. Esta irregularidad es lo que destapó un conflicto que ya ha llegado a la justicia federal. La semana pasada el abogado Oscar López presentó una denuncia contra Feldman y Laurnagaray por supuesto fraude administartivo y otros delitos.

Mañana sesiona el Consejo Superior, y estos temas prometen debate. Adiunt, el gremio de los docentes universitarios, presentó una nota con una serie de pedidos: que el consejo se pronuncie por la renuncia del vicepresidente del directorio, Laurnagaray. Que acepte la dimisión de los dos directores de la UNT y que reclame la recuperación del 30% que fue expropiado durante la dictadura militar. Además, piden que las nuevas autoridades sean elegidas por el voto directo de la comunidad universitaria.