La aplicación de una ley enfrenta a un legislador radical y a una funcionaria de Casa de Gobierno. El parlamentario Fernando Valdez encabezó ayer la reunión de la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor para debatir la reglamentación de la ley de Trato Digno (8.895), que fija un tope de 30 minutos a la espera en filas en cualquier dependencia. El radical -preside el cuerpo de trabajo- había invitado a la secretaria de Gobierno Carolina Vargas Aignasse para interiorizarse sobre la normativa, pero ella faltó.
“La ausencia habla de la calidad de la democracia tucumana”, disparó Valdez. “Me excusé por nota y con anticipación. No puede interpretarse ningún gesto político porque me invitan para seguir haciendo prensa”, replicó la funcionaria.
La ley fue sancionada y promulgada (publicada en el Boletín Oficial) meses atrás. El último paso para la aplicación consiste en la reglamentación (decreto que asigna presupuesto y establece mecanismos para aplicarla).
“La ley está vigente. El Ejecutivo debe ordenar cómo aplicarla. El órgano de control es la subdirección de Defensa del Consumidor, porque así está incluido en la ley nacional de Defensa al Consumidor. Es increíble esta situación, por ello presenté un amparo en la Justicia con la finalidad de que se reglamente”, defendió el radical.
Vargas Aignasse respondió que el legislador desconoce la división de poderes. “La tarea legislativa ya ha terminado, corresponde ahora al Ejecutivo reglamentarla, respetando, obviamente, el espíritu de la normativa. Valdez dice que la ley es operativa pero de sus cinco artículos, dos son de forma. No define autoridad de aplicación ni restringe el universo a aplicar. Estamos trabajando con todos los sectores para que la aplicación no sea judicializada. Esta ley tiene un propósito muy bueno de defensa al usuario y trabajamos para aplicarla”, se defendió la funcionaria.