BUENOS AIRES.- Luego de la ola de 10.662 despidos que se produjo en los primeros meses del año y que concluyó el 31 de marzo pasado, el Gobierno comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal.

Según epublicó el dario "La Nación", el plan consiste en las diferentes áreas para luego activar las desvinculaciones a través de traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios y no renovación de contratos.

"Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan", dijo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra .

El proceso de "planeamiento de dotaciones" evaluará la estructuración de cada ministerio, sus funciones, si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado.

Actualmente esta evaluación se está llevando adelante en la areas de Ambiente, Modernización, Seguridad, Cancillería, Salud, Producción, Turismo y Ciencia y Tecnología y se prevé que finalice el año próximo.

A esto se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados.

"El gobierno está avanzando en una estadística sobre la situación de los trabajadores para construir los planteles que ellos consideran óptimos, por fuera del ámbito paritario. Estamos buscando que se haga un acompañamiento sindical", dijo Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.

"Apuntan a una reducción y reorganización del personal, pero no garantizan el pase a planta permanente que prometieron. No tenemos listas o números de eventuales cesanteados, pero la semana pasada ya despidieron 170 trabajadores en el Ministerio de Educación y no se nos habilita a reincorporar a la gente que fue injustamente despedida", añadió.

El 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%.

Según Ibarra, hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. Esto se hará mediante un concurso, que es una evaluación de capacidades para determinar su idoneidad en el puesto que ocupan. Actualmente, son alrededor de 13.000 las personas con más de 10 años de antigüedad que no integran la planta permanente.

Sumado a esto, el año que viene se lanzará un concurso con jurado para la alta dirección pública (directores y coordinadores) del Estado. Se espera que para el 2019, de los 3000 cargos que hay actualmente, la mitad sea concursado.