En el marco de la fuerte crisis instalada en el directorio de canal 10, hoy se presentará el resultado del sumario administrativo que aclarará sobre la publicidad a favor del PJ emitida por la emisora entre julio y agosto de 2015 y no facturada. Así lo confirmó el responsable de llevar adelante esta investigación interna, Héctor Matteo, apoderado legal del canal. Después del mediodía está prevista una reunión del directorio, con sus tres miembros.

Ayer presentó su renuncia el actual presidente del directorio, Mauro Feldman, mientras que un día antes lo había hecho Daniel Moeremans. Ambos representan el 70% que la UNT posee del canal. Pero hasta que las renuncias sean aceptadas (o no) por la rectora, Alicia Bardón, los dos deben continuar cumpliendo sus funciones por una cuestión de responsabilidad legal”, explicó Rodolfo Burgos, subsecretario Legal y Técnico de la UNT.

El tercer director es Alejandro Laurnagaray, que representa el 30% de propiedad del Estado provincial. “Por el momento no está previsto efectuar ningún cambio respecto de la representación del Gobierno en el canal”, puntualizó la Secretaría de Comunicación de la Provincia, a cargo de Valeria Zapesochny.

Técnicamente las renuncias no resuelven lo que motivó esta crisis: la emisión de un total de 72.000 segundos de publicidad que no fueron facturados en su momento ni tampoco incluidos en el proyecto de balance de cierre. Equivalen a $3,6 millones.

Según explicó Matteo, el sumario responderá esos interrogantes: quién dio la orden de no facturar esos segundos de publicidad y qué motivó la denuncia que hizo un empleado en contra del accionar de uno de los directores. Además, avanzará sobre la distribución de responsabilidades entre los miembros del directorio.

Acción y omisión

Un año. Ese es el lapso que pasó entre la emisión de los 72.000 segundos de publicidad (época de las elecciones provinciales) y la facturación, la orden de cobro al PJ y la incorporación en el balance de la Sapem (canal 10)

Un año. Es el tiempo que -según relataron fuentes del canal- los directores habrían conocido la irregularidad, pero no la resolvieron. Las decisiones se precipitaron cuando se hizo público el caso en la sesión del Consejo Superior de la UNT del 9 de agosto. De allí saltó a los medios. En ese momento se había pedido que no se aprobara el balance hasta tanto se aclararan los hechos.

La primera advertencia habría sido en agosto del año pasado, cuando dentro del canal se denunció la no facturación de esos segundos de propaganda. Esto motivó una auditoría.

Se sumó, en julio, la denuncia que un empleado presentó en el rectorado para dejar asentado que uno de los directores había dado órdenes para que se borrara la publicidad del sistema (squid). Como esto no sucedió y el tema comenzó a tomar estado público, las autoridades del canal emitieron la factura correspondiente a nombre del PJ. También se enmendó el balance, que todavía no fue presentado en la comisión de Hacienda del Consejo Superior para su análisis.