El fiscal Rubén Alfonzo denegó los pedidos de eximición de prisión a tres ex jueces del fuero penal santiagueño y a un empresario periodístico, acusados de una presunta asociación ilícita para cometer una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán.
Se trata de los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, que renunciaron a sus cargos para evitar juicios políticos iniciados por el Consejo de la Magistratura; y del empresario Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán). En su dictamen, que no es vinculante, el fiscal Alfonzo consideró que “existen riesgos procesales”, entre ellos el de posible “entorpecimiento en las investigaciones”. El rechazo al pedido de eximición de prisión deberá ser resuelto por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que ya había ordenado las detenciones de los ex magistrados y el empresario que vivía en San Miguel de Tucumán.
Los ex jueces del fuero penal están acusados de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia y falsificación de instrumento público”.
Por su parte, el Fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, amplió las denuncias a tres secretarias de juzgados de los Tribunales de Santiago del Estero, Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suárez y Blanca Luz Díaz; y a dos abogados: Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suárez, que representaban legalmente al empresario Pericás.
El único detenido en la causa, Eduardo Antuz, empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que dirigía el ex juez Tarchini Saavedra, será indagado la próxima semana.
La denuncia la inició hace dos semanas el asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás en contra de Marcelo Ditinis (actual legislador y ex secretario de Prensa de José Alperovich) y el gobierno de Tucumán, por un “delito a establecer”.