Estaba todo preparado para que Belén recuperara su libertad. Pero no pudo ser. La defensa de la joven condenada por homicidio de su hijo recién nacido no completó el trámite para que abandonar la Cárcel de Mujeres, lugar donde se encuentra detenida desde hace más de dos años.

El martes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenó que la joven recuperara la libertad. Los jueces Daniel Posse, Antonio Estofán y Antonio Gandur entendieron que no había riesgo alguno de que la condenada entorpeciera el proceso judicial en la que está involucrada, por lo que ordenaron el cese de prisión.

El tribunal, entregado por Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, la condenó en abril a ocho años de prisión por considerarla culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Al mismo tiempo de haber dictado la sentencia, los jueces decidieron que debería seguir privada de su libertad hasta que la sentencia quede firme.

La Sala III decidió que para recuperar la libertad Belén debía afrontar una caución de $ 40.000. Soledad Deza, defensora de la joven, consiguió el fiador, pero no pudo pagar el sellado de $ 400 -es el 1% del monto total- que está obligado por ley.

“Citaron a los fiadores a las 11.30 y Rentas cierra a las 12. No hubo tiempo para hacer todos los trámites”, le dijo Deza a LA GACETA.

Otros profesionales explicaron cómo es el trámite que deben realizar los defensores. Aclararon que los fiadores no son citados, sino que deben ser presentados por los defensores en la Mesa de Entrada Penal. Allí se encargan de constatar la solvencia económica de las personas ofrecidas y si ya cumplieron con este rol en otras oportunidades, ya que sólo se le permite ser garantes de dos personas únicamente.

De esa oficina sale el informe que será analizado por la autoridad judicial solicitante, la cual elabora una “escritura de fianza” para que se abone el timbrado. Los abogados confiaron que esta diligencia se puede realizar de lunes a viernes de 7 a 13.

“Hace 22 horas que la Corte ordenó su libertad y continúa presa”, se quejó Deza, ayer a la mañana, en Tribunales. Pero la espera duraría todavía más. “Faltan trámites burocráticos porque estamos ante una justicia penal a la que es muy fácil entrar pero de la que es muy difícil salir”, explicó.

“La sentencia de la Corte no le dio el cese de prisión; hizo más que eso, dijo que los doctores Ibañez, Macoritto y Fradejas no tenían competencia para decidir la prórroga de su prisión o sea que podemos decir que hace cuatro meses que ella está ilegítimamente privada de la libertad”, cuestionó Deza.

Si bien el máximo tribunal se pronunció a favor de la libertad de Belén, todavía no emitió dictamen sobre el fallo que la condena por haber asesinado a su bebé en un baño del hospital Avellaneda, en marzo de 2014. “Estamos muy tranquilos porque creemos que así como su defensa oficial, que es la que le proporcionó el Estado, no leyó el expediente, y el fiscal y la Cámara tampoco, estamos viendo que la Corte finalmente lo está leyendo. Así que estamos esperanzados porque todos los elementos que dicen que Belén debe ser absuelta están en el expediente. Lo que faltaba era alguien responsable y ético que los lea”, dijo la abogada.

No obstante, aclaró que si el máximo tribunal provincial no revoca el fallo condenatorio, acudirá a la Corte Suprema de la Nación para continuar la lucha.

Emoción

En cuanto conoció el fallo que dejaba en libertad a la joven, el martes a la tarde, Deza llamó por teléfono al penal y pidió hablar con Belén. Emocionada, le anunció que finalmente saldría en libertad. “Su reacción fue de mucha emoción y de mucho llanto, estamos todas muy movilizadas. Quizás un poco por la impotencia de ver esta asimetría: cuánto ensañamiento con una criatura que tuvo un aborto espontáneo. Ahora ella quiere volver a su casa y estar con su mamá y su papá”, dijo la defensora.

El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, apoyó el planteo realizado por la defensa de la joven para que la Corte revisara el fallo. En su dictamen, que no es vinculante, calificó a la sentencia como “arbitraria y, por ende, nula”. “Estamos ante un fundamento que sólo en apariencia llega al grado de certeza”, opinó ante la falta de la prueba del ADN.

Jiménez, días después, solicitó a la Corte que dictara el cese de prisión preventiva, planteo que fue aceptardo por el máximo tribunal.