“En la provincia creció el narcotráfico”. Las palabras de Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia, causaron revuelo en estas tierras. Hizo esas declaraciones días después de que Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, denunciara públicamente que la Policía tenía identificadas unas 100 casas donde se vendían drogas y esperaba que la Justicia Federal autorizara los allanamientos.
“Las fuerzas están desperdigadas y no hay un trabajo consciente y conjunto muy apretadito para combatir este flagelo”, aseguró Estofán en una nota publicada en “Infobae”.
El miembro de la Corte también dio a conocer su opinión sobre el tema. “Creo que ha crecido el narcotráfico porque no está bien controlado y no hay un protocolo para que trabajen todos juntos: la Policía de la Provincia, la Federal, la Justicia Federal e, incluso, que colabore la justicia provincial”, sentenció en la entrevista.
“En la provincia -agregó- teníamos la lucha contra el menudeo de la droga que nos habían delegado a la provincia. Una cautelar que solicitó nuestro fiscal y le hicieron lugar lo puso en stand by. Para mí, lo tiene que manejar la Justicia Federal a todo”, concluyó.
Aclaración
Antonio Gandur, presidente de la Corte, sólo atinó a afirmar: “El vocal Estofán hizo manifestaciones a título personal”.
El titular del máximo tribunal de la provincia sí confirmó que sigue vigente la medida cautelar que detuvo el traspaso a la Justicia provincial de la competencia para perseguir el narcomenudeo.
“Ratifico que no estamos en condiciones de ocuparnos de estos casos de la Justicia Federal: no tenemos los medios, tal y como lo habían manifestado los fiscales en su momento. Sería una falta de responsabilidad asumir la atribución”, sentenció.
La medida cautelar suspendió la aplicación de la ley que había dispuesto que el fuero penal local persiga a los “dealers” o vendedores de estupefacientes al menudeo. Se supone que, mientras el alto tribunal dilucida si la norma es o no inconstitucional, la investigación de los casos de microtráfico sigue en manos de la Justicia Federal.
La Ley 8.664, del 13 de marzo de 2014, había sido sancionada por pedido del ex gobernador José Alperovich y debía entrar en vigencia el 1 de marzo de 2015. La norma ordenaba formar una comisión para dotar a los Tribunales de los medios que le permitiesen enfrentar el nuevo desafío, pero ese comité no pudo cumplir su cometido en el plazo dispuesto.
El 18 de febrero de 2015, el ministro público Edmundo Jiménez pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la norma. Según su criterio, el traspaso de la competencia en materia de narcomenudeo haría colapsar al Poder Judicial porque no hay recursos adecuados para atender esta problemática.
Un día después, los vocales Gandur (presidente), René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse firmaron la cautelar que había requerido Jiménez, quien hasta agosto de 2014 formó parte de la gestión de Alperovich como ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.
Fuentes tribunalicias comentaron que, luego, la Provincia contestó la demanda y que el juicio avanzó apenas desde entonces y todo sigue igual.
Polémica
Los miembros de la corte fijaron postura cuando en la provincia se desató una polémica sobre el número de procedimientos que realizaron las fuerzas de seguridad en lo que va del año.
Hasta el momento, según datos aportados por diferentes fuentes, la Digedrop realizó 28 allanamientos en estos ocho meses e intervino en otros 11 hallazgos de drogas de manera casual. En tanto, la División Antidrogas de Tucumán de la Policía Federal -cuerpo creado por la Nación a principios de este año- realizó 18 allanamientos.
Amado, al igual que Estofán, pidieron a las fuerzas que actuaran en conjunto para poder acabar con el flagelo que crece en los barrios de la periferia.